“Hemos planteado medidas para la persona que sea privada de su propiedad, sin olvidar que existe una fuerte problemática ligada al derecho a la vivienda en nuestro país”, ha afirmado en la inauguración la presidenta de la Abogacía, Victoria Ortega, quien ha recordado que debe haber “un equilibrio entre la situación de vulnerabilidad de las personas sin vivienda y el derecho a la propiedad privada”. En esta situación, ha destacado, “los juristas podemos aportar un valor añadido a esta situación y a nuestro Estado de Derecho”.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha manifestado que “la ocupación ilegal es una realidad que afecta y preocupa a la ciudadanía y al Gobierno” y ha explicado que la futura Ley de Vivienda “equilibra perfectamente cómo se complementa el derecho a la propiedad con el derecho a la vivienda, que constituye el quinto pilar del Estado de bienestar”. Y ha señalado la importancia de adoptar medidas de carácter social, como “promover una ley de alquiler que facilite el acceso a la vivienda”.
El Congreso, que se celebra en Málaga el 19 y 20 de mayo, está organizado por el Colegio de Abogados de Málaga, el Colegio de la Abogacía de Barcelona y el Colegio de la Abogacía de Mataró.
El decano de Barcelona, Jesús Sánchez, ha recalcado que no se trata de un Congreso “anti-ocupas, sino que busca medidas eficaces”. Por ello, ha denunciado que “no se puede legislar sin contemplar el presupuesto necesario para su implementación. El Estado debe legislar para proteger a las familias. Solo disponemos de 3% de la vivienda social, frente al 15 % de Europa”.
El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Salvador González, ha lamentado que desde 2018 ha habido un incremento constante, de hasta un 40%, de la ocupación en nuestro país. Según cifras del Ministerio del Interior, el año pasado se contabilizaron hasta septiembre 13.389 casos hasta septiembre de 2021, casi la mitad en Cataluña.
María Pastor, decana del Colegio de la Abogacía de Mataró ha apuntado, en ese mismo sentido, que “estamos asistiendo a un aumento de la ocupación delincuencial, casi a la carta”. Ante ello, explicó, “hay que adaptar la legislación a las nuevas formas de delincuencia y atajar el problema en las primeras 48 horas, para no judicializarla y que nos lleve a un mayor gasto público y psicológico para la ciudadanía. Tampoco se puede olvidar a las comunidades de propietarios”.
El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha lamentado, por su parte, el daño que este fenómeno puede hacer al turismo.
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