La Fundación Aranzadi LA LEY ha dado a conocer el II Informe del Observatorio de los ODS en el Sector Público, una iniciativa que busca impulsar la excelencia en las administraciones públicas españolas a través de la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Bajo el título ‘La Sostenibilidad como Acción Pública: elementos para la construcción y defensa de un nuevo derecho’, este segundo informe del Observatorio propone consolidar un verdadero derecho al desarrollo sostenible. Los autores del estudio, Joaquín Delgado, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y Concepción Campos, doctora en Derecho y directiva pública, abordan el tema desde la perspectiva dual de la Administración Pública y la Administración de Justicia.
“Tenemos el compromiso de compartir con los poderes públicos el resultado de esta investigación que publicamos en formato abierto para su libre acceso por toda la ciudadanía; el Observatorio tiene la vocación de ser el foro referente en el estudio de la sostenibilidad en el sector público español” destacó Cristina Sancho, presidenta de la Fundación Aranzadi LA LEY, que moderó la mesa redonda. En ella intervinieron los miembros del Observatorio junto con el juez Juan Ignacio Vaquerizas, asesor del secretario de Estado de Justicia Manuel Olmedo, y Rubén Baz, subsecretario de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Claves del informe
Concepción Campos señaló tres ideas clave: la necesidad de ampliar la perspectiva de sostenibilidad, que “no debe limitarse únicamente a cuestiones medioambientales, sino incluir también las dimensiones económica, social y de gobernanza vinculadas a la Agenda 2030 en el sector público”; la importancia de garantizar los derechos asociados al desarrollo sostenible mediante un “liderazgo claro de las administraciones públicas y la colaboración con el sector privado”; y la conveniencia de evitar la sobrerregulación, ya que un exceso normativo podría generar rechazo, especialmente entre pequeñas y medianas empresas, dificultando su capacidad de adaptación.
Por su parte, Joaquín Delgado ha insistido en que el sistema de justicia es crucial para garantizar los derechos en las dimensiones social, económica y ambiental de la sostenibilidad: “Sin una tutela efectiva, estos derechos quedan desprotegidos”. En materia ambiental “el Derecho Penal es un instrumento esencial frente a la insuficiencia de las políticas públicas ante la crisis climática, permitiendo sanciones eficaces y disuasorias”.
En este sentido, “la adecuación normativa, el fortalecimiento de actores judiciales, la cooperación internacional y el impulso del compliance empresarial son medidas clave para proteger el medio ambiente”. La aplicación de la Directiva (UE) 2024/1203 consolida estos esfuerzos, garantizando una acción más eficaz en defensa de nuestro entorno.
Un verdadero derecho al desarrollo sostenible
Rubén Baz ha felicitado a los autores del informe, destacando su carácter completo y pedagógico, fruto de una labor de investigación rigurosa y con sólida base científica: “Este informe ofrece una visión integral de la sostenibilidad en sus tres dimensiones, abordando aspectos clave como la financiación, la medición, la rendición de cuentas y la colaboración público-privada”. Por su parte, Juan Vaquerizas ha subrayado que la propuesta del informe para la construcción y consolidación de un verdadero derecho al desarrollo sostenible representa "la evolución lógica de la doctrina de los derechos humanos", señalando que "el siguiente paso natural es el reconocimiento expreso de este derecho". En conjunto, se trata de un “trabajo excepcional que marca un hito en el camino hacia un desarrollo sostenible y equitativo”.
Objetivo: promover la excelencia en el ámbito público
El Observatorio de los ODS en el sector público es un grupo de trabajo constituido por la Fundación Aranzadi LA LEY en 2021 con la misión de promover la excelencia en el ámbito público mediante la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas (LA LEY 22464/2015), adopción que es muy irregular y requiere del impulso de todos las instituciones comprendidas en este sector (administración central, autonómica, local, empresas y entidades financieras públicas, seguridad social y organismos autónomos) para contribuir al objetivo compartido de aportar a la sociedad el máximo valor posible.
Puedes descargar el informe completo AQUÍ.
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