Al término de la reunión mantenida entre el Ministerio de Fomento, la patronal y los representantes de los trabajadores, el secretario de Estado ha señalado que en el campo de la negociación colectiva se pueden negociar las principales cuestiones que plantean los sindicatos, como la subrogación de los trabajadores, la experiencia y las prácticas, materias propias de los convenios colectivos.
El Gobierno, por su parte, está dispuesto a apoyar la negociación colectiva y, de hecho, el Ministerio de Empleo se ha ofrecido a cumplir con la labor de intermediación.
El número dos del Ministerio de Fomento ha lamentado que el documento presentado por las organizaciones sindicales insista en lo que han venido planteando durante los últimos dos años.
"Nos encontramos con la sorpresa de que el documento presentado por los sindicatos insiste nuevamente, una y otra vez, en el establecimiento de un registro", algo que ya se planteó a la Comisión Europea y que con fecha 27 de julio de 2016 fue rechazado al considerarse que era contrario a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 11 de diciembre de 2014.
La Comisión Europea considera, como ha señalado Gómez-Pomar, que la creación de un registro, las limitaciones a la libre contratación así como el mantenimiento de la SAGEP (Sociedades Anónimas de Gestión de Trabajadores Portuarios) son líneas rojas para el organismo europeo.
En cuanto a la propuesta planteada por la patronal ANESCO, ha indicado que se opone a la mayor parte de los elementos de flexibilización que figuran en el Real Decreto Ley.
El secretario de Estado ha explicado que el Ministerio de Fomento ha introducido una serie de mejoras en el texto que permiten la mayor flexibilización posible en la garantía del empleo. En este apartado estaría el periodo transitorio de tres años, el apoyo financiero a la subrogación, la transformación de la SAGEP o la creación de los Centros Portuarios de Empleo. Además, el Decreto garantiza la igualdad en el acceso al trabajo en este sector de hombres y mujeres.
El Real Decreto da cumplimiento estricto a la sentencia sin ir más allá de la misma. Así lo ha constatado la Dirección General de Movilidad de la Comisión Europea que, en una reciente carta remitida al Ministerio, señala que, una vez que la norma esté convalidada por las Cortes, se trasladará al Colegio de Comisarios la petición de desistimiento de una sanción diaria que sería "difícil de explicar" a los ciudadanos.
Esta sanción, de 134.000 euros al día, empezará a tener efectos una vez que se dicte la segunda sentencia, lo que se producirá de forma inminente. A esta multa hay que sumar los 21,5 millones de euros que el Reino de España lleva ya acumulados desde la primera sentencia condenatoria y que se eliminaría una vez convalidado el Real Decreto.
En este sentido, el secretario de Estado ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y ha apelado a la sensatez y coherencia de todos los grupos parlamentarios para resolver esta cuestión.
Por último, Gómez-Pomar ha lamentado la posición de intransigencia, de presión y de coacción que han sufrido, según indican, las empresas, muchas de las cuales se han visto implicadas "en una negociación no querida".
"Todos somos conscientes de lo delicado que es el lugar al que afectará la huelga convocada por los sindicatos y el impacto que tiene en la economía", ha concluido el alto cargo de Fomento, quien ha señalado que el Gobierno velará por el cumplimiento de los servicios mínimos.
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