Madrid, 16 may (EFE).- Los sindicatos convocantes de los paros de funcionarios en la administración de Justicia, CSIF, STAJ, CCOO y UGT, han pedido este martes al departamento que dirige Pilar Llop que no los trate con "clasismo" y "discriminación" y que realice una "oferta satisfactoria" como las que está negociando con jueces y fiscales.

Una propuesta económica que les convenza es la condición que ponen los funcionarios para comenzar una "inmediata negociación" que ponga fin a los paros que sostienen desde hace un mes y que a partir del próximo lunes se convertirán en una huelga indefinida para aumentar la presión sobre el Gobierno, con quien no se reúnen desde el pasado 24 de abril.

"Nadie puede entender que suban las retribuciones solo de los grupos de superior titulación, mientras se mantienen y se deterioran las condiciones laborales del resto de personal, igual de necesario para la atención del servicio público de la administración de Justicia", recoge CCOO en un comunicado, en el que defiende sus "reivindicaciones absolutamente legítimas, justas y mesuradas".

Los sindicatos piden un aumento salarial de entre 350 y 430 euros brutos mensuales para los 45.000 funcionarios de los cuerpos generales y especiales de la administración de Justicia, así como la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa.

Mientras los convocantes cifran el seguimiento diario de los paros puntuales de 24 horas en torno al 90 %, el Ministerio ha situado los últimos alrededor del 23 % en las comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias de Justicia: Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares, Ceuta y Melilla.

Los sindicatos estiman el impacto de su huelga en "más de 15 millones de expedientes administrativos y decenas de miles de juicios" paralizados en toda España.