El Ministerio de Justicia se extralimitó en la forma en la que exigió al Consejo General de la Abogacía Española y al Colegio de Abogados de Madrid la devolución de parte de los honorarios recibidos por los abogados del Turno de Oficio del caso Gürtel por importe de 591.297 euros. Lo admite el propio Ministerio al estimar el recurso presentado por el Consejo de la Abogacía, donde reconoce que no se cumplió con el procedimiento, omitiendo trámites básicos como la apertura del expediente informativo o el establecimiento de un periodo para formular alegaciones.
El Departamento que debe velar por el cumplimiento de las leyes reconoce en su escrito que a la hora de reclamar las aludidas cantidades no siguió el cauce legalmente establecido para completar un expediente de reintegro de subvenciones. Justicia no inició el expediente formalmente, no completó una fase de investigación, no comunicó una propuesta de resolución provisional a los interesados y no abrió el obligado plazo de alegaciones para que los perjudicados pudieran defender su posición. Obviamente, tampoco resolvió las alegaciones que no se pudieron presentar. Esto es, incumplió sistemáticamente todos y cada uno de los pasos del procedimiento administrativo en un Estado de Derecho.
En base a la admisión de este recurso, el Consejo General de la Abogacía Española reclamará la devolución de las cantidades entregadas al Ministerio y que se inicie la instrucción del expediente para que se completen todos y cada uno de los trámites establecidos por la ley.
Pero el escrito del Ministerio de Justicia, lejos de limitarse a reconocer sus errores flagrantes en materia de procedimiento, se extiende en el relato de los hechos y admite que, para garantizarse la consecución de sus objetivos -obtener la devolución de los honorarios- incumplió su obligación de abonar en plazo el pago de la subvención de la Justicia Gratuita correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2018. Y sólo liberó ese dinero una vez que el Consejo y el Colegio de Madrid hicieron efectiva la devolución de las cantidades que se les reclamaban, el 31 de octubre de 2018. El Ministerio de Justicia reconoce así oficialmente que instrumentalizó el pago del turno ordinario de la Justicia Gratuita para obtener los resultados pretendidos en otro asunto que no guardaba ninguna relación con el mismo.
El Convenio del caso Gürtel, firmado entre el Ministerio de Justicia, el Consejo General de la Abogacía y el Colegio de Abogados de Madrid, tenía por objeto mejorar las retribuciones de los abogados del Turno de Oficio a los que les correspondió la causa por tratarse de un asunto de especial complejidad y dedicación. La fórmula, suscribir un convenio específico, era la misma que se había utilizado anteriormente con los abogados de oficio a quienes correspondió la defensa de los encausados en el caso del 11-M.
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