El Ministerio de Justicia ha decidido suspender de manera unilateral y por sorpresa el teletrabajo para sus funcionarios/as, lo que afecta fundamentalmente a letrados y los Cuerpos Generales (Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial) y Especiales (médicos forenses, facultativos y técnicos del Instituto Nacional de Toxicología).
Hasta el momento, se habían acogido a esta modalidad 30.000 de los 50.000 funcionarios dependientes de este ministerio, que venían trabajando a distancia una media de dos días a la semana.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, expresa su rechazo frontal a esta medida que discrimina al colectivo de empleados públicos respecto al resto de trabajadores que sí tienen reconocido este derecho que favorece la conciliación laboral y familiar, la productividad, además de suponer un ahorro de tiempo en desplazamiento, energía, y reducción de la contaminación, entre otros beneficios.
Esta medida arbitraria e injusta va además en contra del acuerdo sobre teletrabajo firmado en 2021 en la Mesa General de las Administraciones Públicas y que todavía está pendiente de desarrollo. De hecho, CSIF ha elevado una demanda contra Función Pública por el retraso en la aplicación de esta medida.
CSIF recuerda que el Plan de Medidas de Ahorro y Eficiencia Energética aprobado por el Consejo de Ministros en junio de 2022 recogía el trabajo a distancia del ‘trabajo a distancia’ en términos similares a los incluidos en el citado acuerdo, junto a otras actuaciones como el establecimiento de horas de encendido y apagado de edificios, control de temperatura, optimización del alumbrado exterior o promoción del transporte público. Además, el acuerdo de coalición de Gobierno recientemente alcanzado entre PSOE y Sumar recoge esta medida.
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