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  • El encuentro ha reunido a los presidentes de la autoridad española de defensa de la competencia de las últimas tres décadas y a Cani Fernández, actual Presidenta de la CNMC

Pérez-Llorca y la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas (Comillas ICADE) junto con la Asociación española de Defensa de la Competencia (AEDC) celebraron una nueva sesión de la Cátedra Pérez-Llorca/ICADE en Economía y Derecho de la Competencia, en la que se analizaron los desafíos de la aplicación pública de la Ley de Defensa de la Competencia y su evolución en España. El encuentro contó con la participación de los presidentes de la autoridad española de defensa de la competencia de las últimas décadas, quienes compartieron su visión sobre el impacto de la regulación y el papel de las instituciones en la protección de la competencia.

La sesión fue inaugurada por Juan Jiménez-Laiglesia, Socio de Competencia de Pérez-Llorca, quien agradeció la participación de los expertos y subrayó la relevancia de este tipo de encuentros para fomentar el debate y la reflexión sobre el presente y futuro del Derecho de la Competencia en España. El socio del Despacho destacó la importancia de contar con una regulación eficaz y adaptada a los cambios económicos y tecnológicos, asegurando así la protección de la competencia en un entorno cada vez más dinámico y globalizado.

A continuación, Marcos Araújo, presidente de la AEDC, moderó el desarrollo de la sesión, que se llevó a cabo de forma cronológica desde la presidencia de Amadeo Petitbó hasta la de actual de Cani Fernández.

El encuentro contó con la participación de los expresidentes de la autoridad española de defensa de la competencia Amadeo Petitbò Juan, Gonzalo Solana, Luis Berenguer Fuster, Joaquín García Bernaldo de Quirós y José María Marín Quemada, así como de Cani Fernández Vicién, actual Presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Durante la sesión, Amadeo Petitbò Juan destacó la utilidad del análisis económico en la aplicación del Derecho de la Competencia, abordando un caso en el que la fijación de precios por una empresa con posición de dominio era similar a la correspondiente a una situación de competencia. Por esta razón fue demandada por imponer barreras de entrada a sus competidores con costes de producción más elevados. De haber fijado precios más altos, incluso precios de monopolio, hubiera sido demandada por abuso de posición de dominio. En su opinión, si una empresa con posición de dominio actúa como si estuviera en competencia, no debería ser sancionada. Este caso pone de manifiesto la pertinencia de combinar el análisis jurídico y el análisis económico.

Por su parte, Gonzalo Solana se refirió a los retos del Derecho de la Competencia ante la intervención de los gobiernos en un contexto geopolítico cambiante y rápido. Recordó su etapa al frente de la autoridad entre 2000 y 2005, resaltando la importancia del Servicio de Defensa de la Competencia en la preparación de informes y la necesidad de justificar adecuadamente las decisiones. Subrayó avances como la cooperación con las comunidades autónomas, la creación de la Escuela Iberoamericana de la Competencia y la participación en la International Competition Network. En su intervención, también abogó por una mayor labor didáctica de la autoridad para facilitar el cumplimiento de la normativa y destacó la utilidad de los programas de cumplimiento como herramienta preventiva.

Luis Berenguer Fuster analizó las concentraciones en el sector audiovisual en España, abordando cuestiones sobre la regulación de la competencia en este ámbito. Además, se refirió al artículo 10.4 de la Ley de Defensa de la Competencia, que establece la supervisión de la regulación sectorial, sugiriendo que su redacción es demasiado amplia y podría requerir una revisión.

Joaquín García Bernaldo de Quirós puso el foco en la creciente intervención pública en la economía, mencionando el papel de entidades públicas en sectores donde no existe un fallo de mercado claro. Expresó su preocupación sobre la independencia de la CNMC frente a la injerencia gubernamental y advirtió sobre los riesgos de una regulación excesiva, comparándola con el modelo estadounidense. A su vez, expuso la relevancia de la acción de la autoridad en materia de publicación de informes en determinadas áreas (licitación pública, mercado del suelo) esenciales para el desarrollo de una competencia efectiva.

José María Marín Quemada resaltó la importancia de las instituciones como pilares del Estado. Asimismo, abordó la figura del Settlement o terminación convencional de procedimientos, una alternativa a la tramitación ordinaria en la que las empresas reconocen su participación en una infracción de cártel y colaboran con la autoridad para agilizar la resolución del expediente sancionador. En cuanto a las sanciones a directivos, consideró que estas no tienen un efecto disuasorio adecuado.

Por último, Cani Fernández Vicién señaló que en la legislatura actual no existe un vehículo normativo para el Settlement ni para las sanciones a directivos. Además, destacó el resurgimiento del abuso de posición de dominio explotativo en sectores como el farmacéutico y el digital, citando varios casos analizados recientemente por la CNMC. También subrayó el papel clave de los reguladores europeos en la aplicación de la normativa de Mercados Digitales (DMA) y de Servicios Digitales (DSA), asegurando una competencia justa en el entorno digital. Finalmente, recordó que la CNMC no tiene funciones como autoridad de consumo, mencionando el caso de reseñas falsas, que fue archivado y remitido a la Dirección General de Consumo.




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