• El propio Banco Popular ha reconocido que tiene que realizar las correcciones oportunas en sus cuentas de provisiones y garantías tras la auditoría interna realizada por PriceWatherhouseCoopers (PWC).
• Si esas cuentas no reflejaron la situación financiera real de la entidad bancaria, los inversores podrían reclamar alegando que no tenían datos reales.

En palabras de Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, “en caso de que esa contabilidad incorrecta significará infracciones de orden legal podría dar lugar a la exigencia de responsabilidades tanto al consejo de administración del Banco Popular como a los organismos reguladores -CNMV y Banco de España- por su responsabilidad in vigilando”.

Si el consejo de administración del banco da por bueno el informe elaborado por PWC deberán reformular las cuentas. La entidad financiera remitió a la CNMV que el informe de la auditoría interna muestra que más de 600 millones de euros de los ejercicios de antes del 2015 están mal calculados.

El consejo de administración ha declarado que no cree que las cuentas deban ser reformuladas al no haberse visto tan afectadas, añadiendo que simplemente deberían asumir el impacto en el ejercicio de cuentas de este año. Unos u otros ajustes van a mermar los niveles del capital en unos 50 puntos básicos.

Por otro lado, el Banco de España que ha sido el encargado de inspeccionar la actividad del banco, va a tener que explicar y aclarar la situación de la entidad.

Tras lo sucedido, diversos despachos de abogados, entre ellos Navas & Cusí, han estado estudiando el caso para tener en cuenta posibles demandas contra la entidad. La demanda se presentaría por parte delos accionistas de la última ampliación al comprobarse la existencia de valoraciones indebidas.