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  • La Asociación Profesional de Administradores Concursales de España (ASPAC) y el grupo de investigación de Ética en Finanzas y Gobierno (ECRI) de las Universidades del País Vasco y de Deusto Business School están impulsando un informe que servirá para analizar cuál es el valor que pierden los activos liquidados en los concursos de acreedores.
  • Será el primer estudio empírico de esta naturaleza en España y aprovechará los 10 primeros años de vigencia de la Ley Concursal para abordar la cuestión con datos.
  • El estudio tendrá aplicaciones prácticas para el sector que, según los últimos datos del INE publicados el pasado miércoles, ha registrado un descenso interanual del 21,3% en el número de concursos en el tercer trimestre del año.

ASPAC, la Asociación Profesional de Administradores Concursales en España, y las universidades del País Vasco y de Deusto están colaborando para investigar posibles mejoras de la eficiencia del sistema de la insolvencia en España. En este sentido, se pretende llevar a cabo la investigación de la pérdida de valor de los activos liquidados en los concursos de acreedores. Los investigadores analizarán los 51.684 concursos que han tenido lugar entre el 1 de septiembre de 2.004 (entrada en vigor de la Ley concursal) y 31 de diciembre de 2.014 y se apoyarán en una encuesta a alrededor de 1.000 administradores concursales.

El objetivo principal de la investigación es determinar el valor que pierden los activos de una empresa cuando se liquidan dentro de un proceso concursal. De esta manera, será posible crear un Índice de Riesgo Moral, herramienta existente en otros países que puede servir de orientación a los proveedores cuando otorguen crédito a sus proveedores por eventuales pérdidas que pudieran tener. Según los expertos, en los procesos concursales suele existir un importante desajuste entre el valor de activo que aparece en las cuentas en el momento que la empresa inicia el proceso y los fondos reales finalmente disponibles para hacer frente a las deudas con acreedores. A día de hoy, no existen investigaciones sistemáticas que cuantifiquen dicho desajuste, ni que analicen sus condicionantes.

10 años de vigencia de la Ley Concursal que permiten la investigación empírica

Otro de los objetivos del informe es explorar los factores que influyen en el deterioro de esos activos. A priori, los expertos señalan a dos posibles elementos: la forma de venta de los activos (subasta, venta directa, etcétera) y la experiencia del administrador concursal; los investigadores sostienen como hipótesis que el estudio podría demostrar que una mayor experiencia, profesionalización y especialización del administrador concursal es un factor que mejora la tasa de recuperación del activo.

Por último, los investigadores analizarán las tasas de recuperación de la venta de unidades productivos, de manera que se pueda comprobar empíricamente si es una herramienta útil para recuperar el valor de los activos en los procesos concursales.

 

Desde la entrada en vigor de la actual Ley Concursal hace diez años, el procedimiento concursal establece, a día de hoy, dos soluciones: la conservativa y la liquidativa. La segunda no es la deseada por la legislación concursal, que prima la solución conservativa del deudor por la vía del convenio con sus acreedores. Sin embargo, es una solución común en los procesos concursales, que han registrado un descenso interanual del 21,3% en el tercer trimestre de 2015, según los últimos datos del INE. Estos diez años ofrecen datos suficientes para realizar investigaciones que mejoren la eficiencia del sistema concursal.

En este sentido, Unai Olabarrieta, socio de ASPAC y uno de los impulsores del informe señala: “ahora es un buen momento para llevar a cabo una investigación sobre el valor que pierden los activos liquidados en los concursos de acreedores, ya que los 10 años de vigencia de la Ley Concursal permiten la recolección de datos suficientes para obtener conclusiones fiables. Dado que la mayor parte de los concursos de acreedores acaban en liquidación, determinar cuál es el desajuste entre el valor del activo que aparece al comienzo del concurso y los fondos reales finalmente disponibles para hacer frente a los impagos ayudará a mejorar la eficiencia del sistema concursal, con el consecuente beneficio para los acreedores y para la economía”.




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