“Ha existido una ágil y eficiente respuesta del Gobierno español, las CC.AA., las instituciones públicas y la sociedad civil para atender a los menores ucranianos desplazados a España”. Esta es la principal conclusión alcanzada por los expertos participantes en la jornada organizada por la Fundación Aequitas y el Consejo General del Notariado (CGN), con la participación de representantes de las Administraciones competentes en la materia y entidades sociales.
Ahora “nos encontrarnos ante la ocasión de consolidar, fortalecer y avanzar en el sistema de protección de la infancia”, aseguraron. En el futuro, “es necesario profundizar en la seguridad jurídica como principio vertebrador del sistema de protección y ello exige tanto garantizar un diagnóstico adecuado de la situación de vulnerabilidad de los menores, como atender a su interés superior, evitando la confusión con otras situaciones como, por ejemplo, el asilo.
También hay que mantener la coordinación con el país de origen para favorecer el regreso cuando la situación lo permita”, señalan.
Los participantes recomiendan al Gobierno “la adopción de medidas jurídicas que clarifiquen la forma en que podrá prorrogarse la protección temporal de la que disfrutan actualmente los menores ucranianos refugiados en España, así como favorecer el retorno a su país y el reencuentro con sus familias para la planificación de su vida”. De la misma manera, destacan la importancia de realizar “un impulso institucional para el acogimiento familiar que ha de ser la estructura básica del sistema de protección de la infancia”.
Como consecuencia de la guerra de Ucrania se está produciendo un éxodo de población hacia los países de la Unión Europea. Entre los refugiados abundan menores de edad que en ocasiones están acompañados de su progenitor o tutor, en otras, por personas que ejercen la función de guarda de hecho y, en muchos casos, no están acompañados por ningún adulto responsable.
En el acto de apertura de la jornada intervinieron el secretario del Consejo General del Notariado, Manuel Tarrío; el director general de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto San Juan Llorente; y el subdirector general de Política de Infancia y Adolescencia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, José Luis Castellanos.
El encuentro contó con dos mesas redondas. La primera titulada “Perspectiva social”, moderada por la notaria Carmen Velasco, en la que participaron la presidenta de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF), María Arauz; la responsable del Departamento de Políticas de Infancia de Save the Children, Carmela del Moral; y la responsable del Área de Migraciones de UNICEF España, Sara Collantes.
La segunda, sobre “Perspectiva Institucional”, fue moderada por el notario Juan Pérez Hereza. En ella intervinieron el fiscal de Sala, coordinador de Menores, de la Fiscalía General del Estado, Eduardo Esteban; el magistrado juez del Juzgado de Familia nº 24 de Madrid, Juan Pablo González del Pozo; la subdirectora general de protección del Menor de la Comunidad de Madrid, Ana Cristina Gómez; la directora general de Familias, Infancia, Educación y Juventud del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid, Sonia Moncada; y el notario, vicesecretario del CGN y presidente de la Asociación Familias para la Acogida, Jorge Prades.
La labor desde el Notariado
Además, y en paralelo a esta jornada, el Consejo General del Notariado ha enviado a todos los notarios una circular con recomendaciones sobre “la documentación relativa a menores afectados por el conflicto de Ucrania desplazados a España para encontrar refugio”.
Ya en 2020, el Consejo emitió otra circular sobre “la actuación notarial en aquellos documentos que afecten a la función de guarda de los menores de edad” para la protección jurídica de los menores que están a cargo de personas distintas de sus progenitores. Esta circular contempla tanto la posibilidad de que los padres puedan auxiliarse en el ejercicio de la función de guarda del menor por parte de familiares a través de las escrituras de extensión o apoyo, como la realización del acta de constancia de guarda de hecho, en la que una persona (que no es el progenitor) asume funciones de protección respecto de un menor de edad.
Una vez realizada esta documentación ante notario “se informa a las Administraciones competentes, lo que aporta seguridad jurídica a los menores y facilita la coordinación entre las entidades de protección de la infancia en cada ámbito territorial, así como con la Fiscalía de Menores”, explica Jorge Prades, vice secretario del Consejo General del Notariado.
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