La agricultura es una de las principales actividades del sector primario, con el mayor uso de suelo rural en el país, en torno al 35%, concentrado principalmente en la zona litoral. Sin embargo, la agricultura en su variante extensiva es una de las mayores amenazas para el medio ambiente, ya que el uso de productos químicos puede contaminar los recursos naturales cercanos, además de hacer un uso excesivo de agua dulce.

Afortunadamente, España cuenta con la Ley de Protección Medioambiental, que combina normas provinciales, autonómicas, estatales, europeas e internacionales con un gran número de disposiciones que deben conocerse antes de poder dedicarse plenamente a esta actividad. Lo mejor es contar con un abogado experto en Derecho Medioambiental que puede asistir jurídicamente en actividades, proyectos y programas y su impacto en el medio ambiente. De hecho, existen diferentes subsecciones en función de qué elemento(s) podría(n) verse afectado(s): aire, agua, flora y fauna, etc.

Entendiendo la normativa

Tras su incorporación a la Unión Europea en 1986, España adaptó su normativa en lo referente a las empresas agrícolas, que sirve de base para la actual ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que data de 2011. Afecta tanto a los productos cultivados de forma local como a aquellos que se importan desde terceros países en lo que respecta a la supervisión del cumplimiento de las medidas de seguridad y al uso de alguno de los modelos de agricultura sostenible existentes. En España rige la normativa de buenas prácticas agrícolas, que busca una producción de bienes para consumo humano sin pesticidas ni ningún otro contaminante, de acuerdo con la normativa europea. Para favorecer estas prácticas, el gobierno español, en colaboración con la UE, trata de apoyar la tendencia de cambiar a la agricultura sostenible desde los métodos de producción tradicional y/o extensiva para intentar proteger los recursos naturales.

Además de impuestos sobre la renta o la propiedad, también existen impuestos verdes, denominados ecotasas, que son cargas legislativas aplicadas a empresas y particulares con el fin de reducir las prácticas dañinas con el medio ambiente. El sistema está montado de tal manera que quienes emiten sustancias nocivas que contaminan son penalizados, mientras que aquellos que han adoptado la agricultura sostenible suelen tener ventajas fiscales, tales como reducción de impuestos o mayor facilidad para obtener créditos.

Otros impuestos se aplican en función de la comunidad autónoma. Algunas comunidades, como Extremadura o Asturias, penalizan las tierras agrícolas sin uso, mientras que otras como Murcia gravan un canon en el agua utilizada en el sector primario debido a los problemas existentes de abastecimiento de agua dulce en la región. También existe un canon aplicable en todo el país cuando se contaminan las masas de agua dulce cercanas, a nivel de superficie o subterráneas, con químicos y materias provenientes de la agricultura; el valor de dicho canon habitualmente depende del daño causado y se calcula por medio de coeficientes. Otro impuesto es sobre los gases fluorados de efecto invernadero, que, si bien no suelen afectar a la agricultura de forma directa, sí que afectan a la cadena de suministro.

Una de las últimas leyes, la Ley 7/2022 del 8 de abril de 2022 incorpora 2 nuevos impuestos medioambientales que entrarán en vigor a partir de 2023: el primer impuesto grava con 0,45€ por kilogramo de plástico no reciclado usado en los envases utilizados en los productos, así como el uso de envases no reutilizables. El segundo grava con 40€ por cada tonelada métrica de residuos depositados en vertederos e incineración de estos.

Con esta información a mano, aquellos que quieran abrir una empresa agrícola en España deben ser conscientes de todas las normas relativas a la sanidad y seguridad medioambiental que necesitan cumplir para evitar sorpresas desagradables en forma de impuestos o sanciones, pues las autoridades realizan inspecciones sorpresa para verificar que se siguen dichas normas. La adopción de agricultura sostenible suele evitar la gran mayoría de esos problemas. Si, por el contrario, la idea es invertir en algún negocio ya existente, el ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es la principal autoridad para conocer qué actividades de producción y/o importación de productos para consumo humano se realizan en ese negocio.