A medida que la transición energética avanza en Europa y las centrales de carbón cierran para dar paso a las energías renovables, es necesario asegurar una planificación anticipada de los procesos de transición justa con los que se habrán de asegurar las oportunidades económicas y de bienestar para las comunidades y trabajadores afectados por estos cierres, es una de las principales conclusiones del informe “Saying Adiós to Coal. Lessons on Just Transition in Spain”.
El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), junto con la coalición Europe Beyond Coal (EBC) y Bankwatch Network, han presentado este informe en el marco de la inauguración de la Plataforma del Carbón para los Balcanes Occidentales y Ucrania, a la que 18 ONGs de los Balcanes Occidentales han instado a adoptar normas eficaces para garantizar una transición energética inclusiva y participativa que permita abandonar el uso de los combustibles fósiles, sin dejar a nadie atrás. “Los procesos de transición justa únicamente funcionan si las comunidades están involucradas. Donde han tenido lugar procesos participativos, la aceptación de la transición energética por parte de las comunidades destinatarias se ha incrementado significativamente”, afirma Alexandru Mustata, coordinador de transición justa de Banwatch.
El informe “Saying Adiós to Coal” pretende contribuir a los procesos de transición justa que han de abordarse en numerosas regiones de Europa, tomando el caso español como ejemplo. Ofrece recomendaciones de los elementos a tener en cuenta para garantizar la eliminación gradual del carbón a la par que una transición justa para los trabajadores y regiones afectadas, aprovechando las oportunidades de transformación hacia una economía de bajas emisiones de carbono.
Entre las recomendaciones aportadas por IIDMA, destaca la necesidad de que tanto las autoridades como los agentes económicos y sociales reconozcan la necesidad de abandonar el uso del carbón para 2030 en Europa y para 2040 a nivel mundial, e impulsen así un modelo basado en las energías renovables, a la vez que adoptan medidas adecuadas para garantizar una transición justa.
Para ello, se insiste en la necesidad de una planificación anticipada que tome en cuenta las características locales y recursos de cada lugar para promover proyectos adaptados a sus especificidades así como que permita actuar con rapidez ante desafíos urgentes, como por ejemplo, el cierre anticipado de centrales y minas de carbón. Para ello, es necesario disponer de los recursos necesarios. Es importante que los procesos de planificación y toma de decisiones cuenten con una participación amplia de actores sociales, lo que requiere dotarles de información pública de forma clara y oportuna que permita que todos los actores colaboren en el diseño, seguimiento y evaluación de proyectos de transición justa. A su vez, son trascendentales las medidas de control y transparencia para garantizar que se están aplicando de manera oportuna los planes de transición justa. Para ello, las administraciones públicas deberían publicar los contratos, convenios o financiación que se otorguen dentro del marco de los acuerdos de transición justa, principalmente cuando se trate de fondos públicos.
La propuesta de IIDMA también hace hincapié en que, entre las medidas de transición justa, se debe incluir la formación de trabajadores, que genere igualdad de oportunidades a la vez que promueva el “empleo verde” para generar igualdad de oportunidades en la promoción de empleos en nuevos proyectos.
Por último, es necesario poner en marcha un marco legal que promueva y favorezca una transición socialmente justa.
“Estas recomendaciones, algunas de ellas hechas tomando en cuenta la Estrategia Española de Transición Justa, pretenden promover que los procesos de transición justa que se lleven a cabo en otras regiones europeas puedan maximizar las oportunidades que genera la transición energética, que incluyen beneficios económicos, sociales y medioambientales”, afirma Carlota Ruiz-Bautista, abogada de IIDMA.
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