Entrevistamos a D. Pedro Martín Molina, abogado, economista y director del despacho Martín Molina Abogados con sedes en Madrid y Córdoba. Martin Molina es un despacho jurídico-económico, especializado en administración concursal, auditoría de cuentas, asesoramiento integral a las empresas en materia financiera, fiscal y contable, reestructuración empresarial e informes periciales. Además, son especialistas en gestión de procedimientos judiciales en materia contable-mercantil y laboral.

Como expertos en la gestión de empresas también proporcionan servicios en materia de Corporate y M&A, además de ser expertos en Compliance.

El 2020 ha sido un año especialmente difícil a causa de la pandemia, ¿qué balance podría hacer del mismo?

Como empresario creo que ha sido un año complicado en el que todos hemos tenido que hacer esfuerzos para mantener vivo el tejido empresarial de este país. El 2020 nos ha enseñado la necesidad de invertir en transformación digital, de contar con sistemas de comunicación ágiles y nos ha hecho valorar más el talento del equipo de trabajo.

Desde nuestra firma, hemos visto, a través de nuestros clientes, la fortaleza de muchos negocios, empresas y sociedades que con ayuda de especialistas han conseguido sortear los inconvenientes que esta pandemia ha puesto en su camino.

Se ha convertido en un año de aprendizaje, de reorganizar necesidades, valores y procedimientos. Nos ha obligado a parar y revisar las cuestiones con perspectiva, pudiendo volver con soluciones óptimas y más adaptadas a las necesidades que han surgido.

¿Cuáles son las especialidades de su despacho? ¿En qué medida han cambiado la forma de ofrecer los servicios jurídicos de su despacho? 

En Martín Molina hemos sufrido y seguido de cerca la crisis económica a raíz de la Covid-19. Nuestra firma siempre ha ofrecido servicios jurídicos y económicos, especialmente orientados al mundo de la empresa. Destaca en el área de la insolvencia, crucial en los momentos que vivimos, de grave crisis económica. Estamos preparados para asesorar de forma global a cualquier compañía o empresario que se encuentre en una situación de “agobio” mediante las herramientas que nos permite nuestra legislación: reestructuración, refinanciación, preconcurso o concurso de acreedores.

En estos momentos, nos hemos tenido que volcar -todavía más- en estudiar las nuevas normas que afectan de manera financiera y jurídica a las empresas. De esta forma, se ha ofrecido un servicio integral y adaptado a todas aquellas empresas que se veían abocadas a problemas de insolvencia y/o con la necesidad de un trabajo de reestructuración y refinanciación para poder sacar adelante su negocio.

Nosotros, como empresa, nos hemos adaptado a las circunstancias, implementando el teletrabajo para toda la plantilla, mientras duró el confinamiento, mejorando nuestros sistemas de seguridad informática y de trabajo en remoto.

Estos meses, aunque nos hemos acostumbrado a las videoconferencias, videollamadas y webinars, nos han hecho valorar la importancia de la cercanía con los clientes y entre el equipo.

Estos cambios, ¿han venido para quedarse?

Hemos trabajado mucho en lo que a transformación digital se refiere. Nuestro objetivo ha sido que todo el equipo pueda seguir trabajando a pleno rendimiento independientemente de su ubicación, que cada cliente tuviera siempre una respuesta adecuada y ágil a sus preocupaciones.  Ese trabajo, que ya está muy avanzado, nos dará ventajas en muchas situaciones futuras.

Sin embargo, creo que en nuestro sector es necesario esa presencia, ese contacto con tu cliente, con tu partner, entre compañeros… En Martín Molina tenemos un equipo multidisciplinar, esa es una de nuestras fortalezas. Podemos ofrecer un servicio integral porque contamos con especialistas en diversas materias y cuando eres capaz de reunir a un equipo de profesionales como estos con el cliente en una reunión presencial, este último siente que está acompañado y protegido. Ese es un valor que no debe cambiar.

En su caso, ¿le ha tocado participar en juicios telemáticos? ¿cómo valora esta experiencia? 

Lo cierto es que he participado en menos de los que hubiera deseado, pues se han suspendido muchos juicios por falta de medios técnicos que garanticen la seguridad procesal de los mismos. No obstante, considero que la experiencia es muy positiva, aunque se precisa de un marco normativo más completo que el vigente, y dotar a todos los órganos judiciales de los medios necesarios para la celebración de comparecencias y juicios telemáticos, que permitan avanzar en la celebración de los juicios telemáticos con la seguridad que requiere la función judicial.

¿Han cambiado mucho las necesidades legales de los clientes durante el 2020?

En la firma hemos podido comprobar que los clientes demandan en especial tres características: la especialización, la rapidez y la flexibilidad o adaptabilidad.

Cuando un cliente cruza nuestra puerta (virtualmente hablando también) lo hace porque tiene un problema que requiere de una solución. Solicita, entonces, que ese problema se resuelva por parte de expertos que conozcan las últimas actualizaciones en la materia, que lo hagan de forma rápida, porque en muchos casos su problema es apremiante y que nos adaptemos y seamos flexibles a sus circunstancias. Cuando hablamos de este último punto nos referimos tanto a poder contactarnos en cualquier horario, como a que entendamos la situación de su sociedad a todos los niveles y tengamos en cuenta su situación personal.

Desde el punto de vista de las novedades legislativas y pronunciamos judiciales, ¿qué es lo que considera más relevante en el 2020?

Pues teniendo en cuenta que, como consecuencia de la pandemia, el 2020 ha sido un año muy complicado en todos los sentidos, para mí, la novedad más relevante ha sido la aprobación y posterior entrada en vigor del TRLC, que supone un gran trabajo, desde el punto de vista de  reordenación y sistematización de nuestro derecho de la insolvencia, pero su aprobación ha sorprendido, por el momento en el que se ha hecho, dada la situación de crisis en la que nos encontramos y tanto más cuando ya se apuntan algunas reformas necesarias como, por ejemplo, para la trasposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia).

En principio, el plazo de esta trasposición termina en julio de 2021, fecha en la que se debería entrar en vigor la nueva Ley Concursal y, además, una nueva Ley sobre Reestructuración, normas esenciales en el devenir de nuestro país. El dilema que se me plantea es si el gobierno solicitará una prórroga de un año.

¿Qué perspectivas tiene su despacho para el 2021?

Nuestro objetivo será seguir protegiendo jurídicamente a las empresas, seguir ayudándolas en su gestión económica y financiera y seguir evitando que nuestros clientes asuman riesgos.

Con la experiencia acumulada y viendo la situación actual en la que cada vez la internacionalización se consuma como un factor necesario para el crecimiento de la empresa, la perspectiva de Martín Molina para el 2021 es la de aumentar nuestros servicios para facilitar un acompañamiento a todas las empresas que quieran comenzar actividades de comercio exterior o de internacionalización de sus productos.

También nos parece que debemos focalizar nuestros servicios sobre un grupo que ha sufrido este año especialmente, los emprendedores. Desde la firma Martín Molina acabamos de lanzar un servicio especializado para ayudar a todos los emprendedores a comenzar sus nuevos negocios y a todos los que han sufrido esta crisis a reemprender con la sabiduría recogida de sus últimas experiencias empresariales.

Para este año que comienza se habla de varias reformas legislativas, ¿Qué es lo que considera que necesita una reforma urgente? 

Por mi parte, me parece interesante plantear la reforma del derecho preconcursal, para evitar la desaparición de las empresas que son viables y, con ellas, los puestos de trabajo. Y también la reforma del procedimiento concursal para agilizar la liquidación de las empresas que no son viables y facilitar la venta de unidades productivas con el objetivo de mantener el tejido productivo y los puestos de trabajo.

¿Cree que la Justicia será capaz de remontar en el 2021 el parón judicial ocasionado con la pandemia?

Considero que la pandemia ha venido a agravar aún más la situación de pendencia de los órganos judiciales en todos los órdenes, pero, sobre todo, en el ámbito mercantil y social. Ahora bien, también es cierto que se está estudiando la implantación de diversas medidas de refuerzo que son absolutamente necesarias para remontar esta situación.

La falta de medios personales y materiales de la Administración de Justicia es una necesidad endémica que, en momentos de crisis, como estos, se pone aún más en evidencia.