El 4 de febrero de 2015 la empresa encargada del Servicio de Recogida de Animales de la Diputación de Valladolid recogió a una perra que había sido hallada sola en la localidad de Castroverde de Cerrato (Valladolid). Vida, de unos siete años y raza grifón, presentaba una gravísima lesión en la tráquea provocada por un disparo, y por la que precisó urgente atención veterinaria.

 

La Asociación Protectora de Animales Propatas, que se hizo cargo de la perra, denunció a su propietario, cazador residente en Burgos, por un presunto delito de maltrato animal. La perra había sido adquirida por el acusado para la caza, resultando gravemente herida y abandonada, precisamente al término de la temporada. Tras casi dos años de instrucción, el juicio por estos hechos se celebró el pasado 6 de junio en el Juzgado de lo Penal número 3 de Burgos. A la vista acudió la Asociación Protectora de Animales Propatas como acusación particular, asistida por la letrada Cristina Bécares Mendiola, colaboradora del despacho Animalex.

 

El 5 de julio el Juzgado ha notificado la sentencia, en la que se considera probado que el ahora condenado “tenía en su posesión una perra para cazar, a la cual de un modo voluntario e injustificado disparó con una escopeta de perdigones causándole lesiones al menos en el cuello”. La perra fue hallada y entregada por un testigo al servicio de recogida de animales de la Diputación de Valladolid, “quien contactó con el acusado, el cual le dijo que intentara asesinar a la perra mejor de lo que él lo había hecho”. Al testimonio del responsable de la empresa adjudicataria del servicio de recogida, se unen el informe y testimonio de la profesional veterinaria que atendió a la perra y que acreditó la gravedad de las lesiones provocadas al animal de forma intencionada.

 

En base a todo ello, el Juez ha condenado al antiguo propietario de Vida como autor de un delito de maltrato animal, a la pena de siete meses de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio relacionado con los animales por tiempo de un año y nueve meses. Además, se aprecia también la comisión de una falta de abandono animal, con pena de 40 días de multa a razón de seis euros de cuota diaria. Asimismo, el condenado deberá abonar en concepto de responsabilidad civil los gastos ocasionados a la asociación por las facturas de asistencia veterinaria derivadas de estos hechos.

 

La Sentencia no es firme, pudiendo ser recurrida por las partes en el plazo de diez días. En cualquier caso, resoluciones judiciales como esta suponen una importante contribución, no sólo para la sanción y condena del maltrato a los animales, como rechazable forma de violencia presente en nuestra sociedad. El caso de Vida nos ayuda también a visibilizar los numerosísimos casos de maltrato de perros utilizados en actividades cinegéticas, que son sacrificados o abandonados una vez terminada la temporada de caza o, simplemente, cuando son considerados inútiles para tal fin. Problemática que requiere de las Administraciones públicas un mayor control sobre la tenencia de estos animales, que garantice su protección y evite historias como la de Vida, y tantas otras, desgraciadamente, sin final feliz.