"Tenemos una extraordinaria oportunidad todos los partidos políticos de dar una respuesta óptima a las víctimas y una oportunidad, por lo tanto, para que las penas que se impongan en conductas tan graves como son los delitos contra la libertad sexual sean proporcionadas a la gravedad de los hechos", ha sostenido Llop durante una comparecencia ante la prensa en Palma.
Después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya hecho un balance parcial que constata 721 reducciones de penas a agresores sexuales y 74 excarcelaciones por revisiones de condenas desde la entrada en vigor de la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, la ministra ha afirmado que la situación es "muy grave".
Al margen de que las cifras recopiladas por el CGPJ sean incompletas y de que algunas de las resoluciones de rebaja de penas a delincuentes sexuales sean recurribles, es preciso "blindar los derechos, la seguridad, la libertad de las víctimas", ha remarcado.
También es necesario, ha declarado Llop, dar seguridad a los agentes jurídicos con "una reforma que permita retribuir las penas de acuerdo con la gravedad de los delitos".
La ministra ha indicado que "la finalidad que ha tenido el ministerio de Justicia es buscar una solución de ahora a futuro, porque evidentemente las revisiones se están produciendo y es una situación que ya está consolidada. Habrá que aplicar la ley más favorable, que es lo que están haciendo las audiencias provinciales, según su criterio".
"Tenemos que actuar y hemos puesto una solución encima de la mesa y es una solución técnicamente viable" en la que el principio del consentimiento como condición imprescindible para cualquier relación sexual "es intocable".
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