El Ministerio de Igualdad ha incluido en el texto del anteproyecto de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual la creación de un fondo que tendrá como fin la reparación de las víctimas de trata con fines de explotación sexual y que se nutrirá de los bienes decomisados a los condenados por proxenetismo.
Fuentes del departamento que dirige Irene Montero han explicado algunos de los cambios que se han realizado en esta norma desde el pasado mes de marzo, entre las que se incluyen algunas modificaciones relacionadas con la lucha contra la industria proxeneta.
Tal y como ha explicado la propia ministra en sus comparecencias en el Congreso, los proxenetas reciben al día unos 5 millones de euros, la mayoría en dinero negro, según los datos de la Fiscalía, una cifra que a Igualdad le gustaría reinvertir en ayudar a sus víctimas.
Otras de las novedades que tendrá la nueva ley, respecto al texto de marzo, también ha sido anunciada ya por Montero. La decisión, junto con el Ministerio de Justicia, de recuperar el tipo penal de la tercería locativa que permitirá sancionar a los dueños de prostíbulos donde se produce explotación sexual.
PODRÍAN CERRARSE LOS PROSTÍBULOS
Pero, además, las fuentes del Ministerio de Igualdad explican quese han producido cambios en el artículo 187 del Código Penal que, según han señalado, generaba confusión al tratar la explotación sexual coactiva y no coactiva de la misma forma y sin diferenciación de penas.
Igualdad quiere que este delito no dependa tanto de la violencia o la intimidación, sino que sirva una situación de superioridad o dependencia para determinar la explotación.
En ambos casos sería posible la determinación del cierre de un local, como resultado de una condena o como medida cautelar, han indicado las fuentes.
Otra de las mejoras del texto en estos meses se refiere a la reparación de los huérfanos del feminicidio sexual. Sería la primera vez que esta figura entra a formar parte de las violencias sexuales, aunque sólo en cuanto a estadísticas y reparación.
CENTROS DE CRISIS Y CASAS DE NIÑOS
El objetivo de Igualdad, según han señalado sus fuentes, es equiparar a los huérfanos de feminicidio sexual con los de la violencia machista
Los menores víctimas de violencias sexuales también se verán beneficiados por la creación de las ‘Casas de niños’, copiadas del modelo anglosajón, en las que se busca acompañar a estos menores víctimas de agresión.
Esta atención integral también se plantea para las mujeres con la creación de los centros de crisis, que pretende atender a las víctimas las 24 horas, los 365 días del año.
Estos servicios serían competencia de las comunidades autónomas y deberán ofrecer acompañamiento a las mujeres, hayan interpuesto o no una denuncia. En este concepto se incluye también la atención no presencial, es decir, atención telefónica o digital a las víctimas para intervenciones psicológicas o contención emocional, entre otros casos.
Según señalan los estándares internacionales, debería haber uno de estos centros por cada 200.000 mujeres, y el Ejecutivo pretende que haya una por provincia. En cuanto a su financiación, las fuentes del departamento de Montero señalan que su intención es que se realice a través de fondos europeos.
La norma también incluirá la obligatoriedad de que los itinerarios de atención especializada se realicen no sólo cuando la agresión sexual haya sido en las últimas 72-75 horas, sino que tengan medidas para las agresiones ocurridas en el pasado o la formación en violencias sexuales de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, según han señalado las fuentes.
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