El Colegio de la Abogacía de Madrid ha planteado hoy ante la Comisión Provincial de Coordinación de la Policía Judicial una serie de medidas para prevenir la aplicación indebida de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana a los abogados que prestan asistencia letrada en los centros de detención.
El diputado de la Junta de Gobierno del ICAM responsable de Defensa de la Abogacía, Javier Mata, ha comunicado que hace un mes quedó planteado en la Delegación del Gobierno en Madrid, la creación de un protocolo para unificar los criterios de actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado ante las incidencias que se produzcan en los centros de detención con motivo de las asistencias letradas, estableciendo una vía de comunicación directa y fluida que permita solventar cualquier discrepancia.
Esta propuesta, según ha explicado Mata, vendría acompañada de la puesta en marcha de una comisión de seguimiento integrada por representantes de la Dirección General de la Policía Nacional, la Delegación de Gobierno y el ICAM para evaluar y mejorar las pautas y criterios de actuación incluidos en el protocolo.
La finalidad de estas medidas, afirma el letrado, es “evitar que las incidencias que se pueden producir en asistencias letradas en centros de detención conlleven la aplicación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana frente a abogados que están actuando en ejercicio del derecho de defensa”.
El representante colegial ha propuesto también la implementación de buenas prácticas que faciliten a los abogados defensores información sobre la puesta a disposición judicial de las personas detenidas, especialmente necesaria en las segundas conducciones, y seguir avanzando en la implementación de las propuestas realizadas por el ICAM a fin de mejorar la organización de la toma de declaración en los juzgados de instrucción en funciones de guardia.
“Para ello, sería necesario que, además de la información personal que se proporcione a los letrados y letradas, se remita al ICAM copia del listado de detenidos que se envía a los juzgados de guardia, poniendo especial consideración en los eventuales retrasos que se pueden producir en la conducción de las personas detenidas”, señala Mata.
Las Comisiones Provinciales de Coordinación de la Policía Judicial se reúnen periódicamente y están integradas por el Presidente y el Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial, el Magistrado Juez Decano de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, el Secretario Coordinador del TSJ de Madrid y los jefes de las unidades orgánicas de la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil y de la Policía Municipal.
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