Madrid, 9 feb (EFE).- Alrededor de un centenar de letrados de la administración de Justicia de la Comunidad de Madrid se ha concentrado este jueves a las puertas de los juzgados de la Plaza de Castilla para reafirmar la huelga indefinida que iniciaron el pasado 24 de enero.

Ataviados con togas y bajo lemas como "negociación, ministra dimisión", "se cumple lo pactado" y "convoca al comité", los letrados madrileños han escenificado este mediodía su compromiso "hasta el final" con el paro, por el que reclaman a Justicia mejoras salariales y laborales, y que ha supuesto ya la suspensión de más de 12.000 juicios en la comunidad autónoma y más de 100.000 en toda España.

Tras una reunión con los secretarios de Gobierno -los superiores de los letrados-, el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, trasladó a los funcionarios que convocará al comité de huelga "próximamente".

En declaraciones a TVE, la titular de Justicia, Pilar Llop, se ha mostrado convencida de que alcanzarán puntos de encuentro a través del diálogo, pero ha pedido a los letrados abandonar posiciones maximalistas y ser conscientes del "gran esfuerzo presupuestario" realizado ya por su Ministerio para aumentar sus retribuciones.

"Tenemos que ser consciente del momento en el que estamos, las posiciones no se pueden llevar a maximalismos", ha subrayado.

Los huelguistas cuestionan la voluntad de diálogo: "(El Ministerio de Justicia) está aparentando querer resolver el problema, pero realmente no lo está asumiendo", ha dicho a EFE Juan Ávila, letrado del Tribunal Supremo y miembro del comité de huelga y de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), una de las tres asociaciones convocantes.

"No están dando la talla como políticos, como buenos gestores de lo público", ha valorado Ávila, que considera que esta huelga tiene la "suficiente envergadura" como para que el ministerio haga gala de "responsabilidad" y de "sentido de servicio público" y le dé prioridad.

El seguimiento oscila entre el 75 y el 80 por ciento diariamente según el cuerpo de los funcionarios, mientras que Justicia lo cifra alrededor del 30 %.

Los letrados estiman el impacto de la huelga en más de 100.000 juicios y vistas suspendidos en todo el país, 350 millones de euros bloqueados, y 12 millones de euros en multas que el tesoro público ha dejado de ingresar.

Las asociaciones convocantes estiman que se necesitarán cuatro meses de trabajo para recuperar este retraso causado durante las dos primeras semanas de huelga, en las que la actividad de los juzgados, añaden, se ha reducido en más del 60 %.

En este contexto, Ávila reconoce que los jueces y fiscales están "bastante indignados" porque la situación "les salpica y les afecta a todos".

"Las sentencias que dictan con tanto esfuerzo los jueces no se pueden notificar porque estamos en huelga. Claro que están preocupados. Es normal. Cualquier persona responsable y seria estaría preocupada", ha argumentado a EFE.

Las principales reivindicaciones de los letrados son una cláusula de enganche a la ley de retribuciones de jueces y fiscales para que nunca cobren menos del 85 % respecto a estos dos operadores jurídicos, siempre que tengan la misma antigüedad, y que su sueldo no sea menor en las poblaciones pequeñas.

Por su parte, el ministerio sostiene que solo queda por cumplir una de las once reivindicaciones planteadas por las asociaciones -la revisión del complemento de productividad- y considera "fuera de lugar" sus peticiones salariales, cuando sus retribuciones van a crecer de media un 14,76 % en tres años.