Carpeta de justicia

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La ampliación del permiso de paternidad de 13 días a cuatro semanas ininterrumpidas, en los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento, ampliables en el supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples, en dos días más por cada hijo a partir del segundo; ya estaba previsto en la Ley 9/2009, de 6 de octubre, cuya entrada en vigor se fijó en el 01/01/2011.

Sin embargo, la grave crisis macro económica padecida por nuestro país, obligó al Gobierno a, desde entonces, aplazar esta entrada en vigor año tras año a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE).

Parece ser que el pacto de investidura firmado entre PP y Ciudadanos ha sido el que ha propiciado que entre en vigor con carácter inminente esta ampliación y no se postergue por más en el tiempo. Además, los principales indicadores económicos de nuestro país, han empezado a arrojar datos de un ligero crecimiento económico y de mejora del consumo interno, es decir, de una recuperación de la recesión.

El permiso de paternidad es una prestación económica con cargo directo a la Seguridad Social, de cuantía igual al 100% de la base de cotización, que el trabajador tiene reconocida el mes anterior al nacimiento del hijo.

Los últimos datos estadísticos muestran un crecimiento aproximado del 2,5% más respecto al año anterior de padres que disfrutaron de este permiso.

La situación de déficit "temporal" en la Seguridad Social debido a la pérdida de empleo durante la crisis, ha generado un desfase entre sus ingresos y gastos que está acelerando el consumo del fondo de reserva, por tanto la gran pregunta es ¿cómo se va a hacer frente a esta ampliación del permiso de paternidad?

La financiación de las pensiones con impuestos es una de las medidas que están sobre la mesa, si bien el Gobierno actual ya ha apuntado que no se plantea esta medida como solución a largo plazo que garantice nuestro actual sistema de pensiones, valorando al crecimiento del empleo como única solución a este problema.

La actual ministra de empleo, ya ha confirmado que en 2017 las pensiones se incrementarán el mínimo legalmente previsto de 0,25%, pese a que la previsión de inflación para este año rondará el 1,2%.




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