El Juzgado de lo Social nº11 de Madrid le ha concedido la incapacidad permanente absoluta a una autónoma después de más de seis años de intentos y tras cuatro denegaciones por parte de la Seguridad Social.

La trabajadora, con un grado de discapacidad del 65% y un importante cuadro pluripatológico, solicitó la incapacidad en 2017 y no ha recibido ningún tipo de prestación al ver denegada su solicitud, teniendo que seguir trabajando a pesar de su estado de salud.

“Para denegar la incapacidad debe haber una posibilidad de realizar las tareas laborales con profesionalidad, rendimiento y eficacia, sin un esfuerzo extraordinario y con capacidad de continuidad durante toda la jornada laboral y considerando también el eventual incremento del daño físico propio o ajeno”, señala Marcos Rey, letrado de Iberum Abogados que ha trabajado en el caso.

La sentencia ha aplicado la jurisprudencia del Tribunal Supremo que obliga a considerar todas las patologías en su conjunto y por ello se ha estimado el recurso de suplicación, para que se retrotraiga la fecha de efectos de la incapacidad permanente absoluta a la fecha de denegación por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).