• Tras las sentencias de Luxemburgo y las reticencias del gobierno de España
• El Tribunal de Justicia de la UE propone fijeza como medio de sancionar el abuso de temporalidad ante la ausencia de sanciones y desincentivos en la normativa española
• “La Comisión Europea debe de hacer cumplir la directiva y hacer efectiva la primacía del derecho europeo”, señalan desde Navas & Cusí

Tras la última sentencia del Tribunal de Justicia de la UE proponiendo fijeza como medio de sancionar el abuso de temporalidad en el sector público, la asociación ‘Empleados Públicos en Abuso’ (EPA) exigen a la Comisión que haga efectiva la sentencia y exija a España el cumplimiento de la normativa comunitaria. “La directiva 1999/70-CE es clara y no sólo limita la temporalidad a los 3 años sino que exige que los estados establezcan sanciones en caso de incumplimiento; España, sencillamente no cumple desde hace 25 años”, lamenta Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, despacho que presentó una queja ante la Comisión Europea en nombre de (EPA).

Las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE han sido claras: ante el incumplimiento de la directiva comunitaria por parte de la legislación española -incluída la llamada Ley Iceta- propone fijeza como manera de sancionar el abuso de temporalidad y desincentivar la prolongación de la actual situación. “La fijeza es la sanción adecuada, dice Luxemburgo”, explica Navas.

Sin embargo, el gobierno español se muestra reticente a la fijeza y trata de consensuar “alternativas” con las comunidades autónomas. Argumenta que la conversión automática sería contraria a los principios constitucionales de mérito y capacidad. “Los empleados en abuso hemos superado un proceso selectivo del tipo que fuera bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad”, señala la presidente de EPA, Mª Concepción Rodríguez Fariña.

Desde EPA consideran que la pelota está en el tejado del ejecutivo de Bruselas. “La Comisión Europea nos remitió a las sentencias de Luxemburgo, pero el gobierno sigue haciéndose el remolón; por su parte, el Defensor del Pueblo Europeo ya advirtió a la Comisión que no podía dilatar la resolución de las quejas recibidas. Ahora esperamos que la Comisión tome decisiones para hacer efectivo el derecho europeo”, señala Rodríguez-Fariña que recuerda que llevan esperando 11 años desde que presentaron su queja ante el ejecutivo comunitario.

Desde Navas & Cusí consideran que Luxemburgo ha sido claro al afirmar que la directiva no ha sido traspuesta correctamente, que la legislación española no contempla sanciones en caso de abuso de temporalidad y que la indemnización de 20 días por año de servicio es insuficiente. “Ahora queda que la Comisión Ejecute, haga cumplir la directiva y haga efectiva la primacía del derecho europeo”, concluye el socio-director de navascusi.com