El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de Medidas de Eficiencia Digital que quiere avanzar en la modernización y digitalización de la justicia, regulando los servicios digitales accesibles a la ciudadanía, reforzando la seguridad jurídica en el ámbito digital, impulsando su eficiencia y orientando al dato los sistemas de Justicia.

“Es un paso crucial para construir esos cimientos fuertes sólidos del edificio de la Justicia del futuro, una justicia 5.0 “, afirmó en rueda de prensa la ministra de Justicia, Pilar Llop. Esta ley forma parte del proyecto Justicia 2030, junto con las leyes de Eficiencia Procesal y Eficiencia Organizativa, que están en tramitación parlamentaria.

Este proyecto modernizador, destacó la ministra, cuenta con recursos económicos suficientes  gracias a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.

La nueva ley quiere fomentar la inmediación digital para la celebración de juicios y vistas telemáticas. Con ese fin, se regulan los denominados puntos de acceso seguros, así como los lugares seguros. “La posibilidad de poder declarar o hacer un trámite judicial por videoconferencia, sin desplazarse, en un lugar seguro y con toda la validez, implica una reducción de los tiempos de la Justicia”, afirmó la ministra, quien destacó que desde el inicio de la pandemia se han celebrado cerca de un millón de juicios telemáticos, “con gran éxito” y gran ahorro de tiempo, desplazamientos y emisiones de CO2. “Estamos mejorando las vidas de las personas porque se podrá conciliar mejor la vida personal y profesional y estamos cuidando el medioambiente”, aseguró Llop.

El proyecto de ley generaliza también el uso de medios electrónicos para relacionarse con la Administración de Justicia, potenciando el ya existente Punto de Acceso General de la Administración de la Justicia, así como de las sedes judiciales electrónicas. Junto a estos medios de acceso, se incorpora un sistema único y personalizado de identificación segura que permite acceder con garantías a la Carpeta de Justicia, y que posibilitará a cada persona consultar sus asuntos, sus expedientes, sus actos de comunicación y pedir cita previa.

La nueva ley regulará los sistemas de identificación y la firma digital electrónica, además de la regulación del sistema Cl@ve Justicia, para la identificación y firma no criptográfica en las actuaciones y procedimientos judicial por videoconferencia; así como la mejora en las prestaciones de los servicios notariales y registrales sin necesidad de presencia física.

Pero, al mismo tiempo, señaló la ministra, en todos los municipios habrá una oficina judicial para evitar la brecha digital y proporcionar cohesión social.

La ley fortalecerá la interoperabilidad de los sistemas existentes mediante el intercambio y la transmisión de documentos electrónicos entre órganos judiciales o fiscales. En este sentido, contempla la potenciación del Expediente Judicial Electrónico.  De igual forma, la preferencia por las comunicaciones judiciales telemáticas, siempre en condiciones de plena seguridad jurídica, tendrá similar orientación al dato, previéndose mecanismos para la transmisión de comunicaciones masivas.

La ley pretende también automatizar muchos servicios. Como ejemplo, Llop señaló que en los juicios por desahucio se automatizará la notificación a los servicios sociales.  “Así no habrá olvidos y se protegerá a los más vulnerables”, añadió.