UGT ha elaborado un informe sobre la situación de la jurisdicción social en España en el que se constata que la duración media de procedimientos urgentes se alarga hasta 6 meses, y la de los ordinarios hasta los 11 meses. Estos incumplimientos de los plazos legales menoscaban el derecho a la protección judicial de las personas trabajadoras.
UGT ha elaborado un informe sobre la situación de la jurisdicción social en España en el que se constata que en la actualidad una buena parte de los JS están señalando en 2023-2024 y una parte significativa en 2025, existiendo casos límite, que están señalando en 2026. En la gran mayoría no se respetan adecuadamente las prioridades de señalamiento y resolución de los litigios. Si añadimos, el tiempo de resolución de la suplicación y, en su caso, de la casación unificadora, podemos concluir que la respuesta judicial a la demanda social de justicia, especialmente en materia colectiva, ha dejado de ser eficiente y ha perdido, consiguientemente, su prestigio y buena parte de su utilidad para la resolución de estos conflictos. La medía del señalamiento para juicio en España, se va alargando hasta 6 meses, y la de los ordinarios hasta los 11 meses. Estos incumplimientos de los plazos legales menoscaban el derecho a la protección judicial de las personas trabajadoras.
El sindicato insta a adoptar medidas urgentes para solucionar esta situación, y recuerda que es necesario recuperar la regulación de los salarios de tramitación, previa a la reforma laboral impuesta en 2012 por el Gobierno del PP. Por ello, UGT muestra su preocupación por la parálisis del Consejo General del Poder Judicial, pues esta situación repercute también en las personas trabajadoras. Gran parte de los conflictos laborales se terminan dirimiendo en los juzgados de lo Social y aquellas cuestiones de la reforma laboral susceptibles de interpretación van a terminar siendo unificadas por el Tribunal Supremo. Así, con la parálisis del CGPJ la reforma laboral llegará al Supremo para 2028. Es decir, los plazos de resolución de los juzgados de lo social (ya de por sí muy largos) pueden alargarse un año más si hay recurso al Tribunal Superior de Justicia y 2 años si va al Supremo, esto es hasta 2028.
Según el informe de UGT, el señalamiento para juicio de procedimientos urgentes se alarga hasta 6 meses, mientras que la duración media de procedimientos ordinarios se cifra en 11 meses. Además, hay una gran diferencia de los plazos entre unas Comunidades Autónomas y otras, e incluso entre provincias., independientemente de su población. La mayor duración para la citación a juicio de procedimientos se produce en Andalucía, pero también en Baleares y Murcia.
UGT denuncia que los retrasos en la resolución de los procedimientos se estén alargando hasta situaciones no aceptables en un Estado Democrático. Para solucionar esto propone varias medidas, entre ellas:
- Aprobar el Proyecto Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, con objeto de mejorar este servicio público esencial y reducir los tiempos de los procedimientos.
- Aumentar el número de recursos materiales y humanos de la Administración de Justicia.
- Incrementar las posibilidades de dictar sentencias «in voce» u orales y la creación de más tribunales de instancia y oficinas judiciales digitales.
- Y que, una vez que se renueve, el Consejo General del Poder Judicial fomente y vigile la tutela judicial social para que llegue efectivamente a las personas trabajadoras y a las empresas.
Asimismo, UGT recuerda su demanda de recuperar la regulación de los salarios de tramitación, previa a la reforma laboral impuesta por el Gobierno del Partido Popular en 2012, porque eso ayudaría a que los trabajadores/as puedan obtener una reparación material de las dilaciones indebidas que se produzcan en los juzgados y no tengan que soportar un menor peso de negociación en conciliaciones y mediaciones previas.
El sindicato defiende impulsar los medios de solución de conflictos extrajudiciales, como forma de alcanzar una pronta solución a los conflictos evitando su excesiva judicialización. Algo que deben promover las Administraciones Públicas.
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