Se ha comenzado a ejecutar una interesante e útil idea en Asturias. Los juzgados de familia de Oviedo han empezado a participar en un proyecto pionero para hacer compresible el lenguaje jurídico para personas con discapacidad intelectual, consistente en la elaboración de documentos en los que, resumidamente, se explican los contenidos de las sentencias dictadas en procesos de incapacitación judicial conforme al artículo 760 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La medida va a poder servir para potenciar el acercamiento de los órganos jurisdiccionales a las personas con enfermedades o deficiencias mentales que no hayan reducido en exceso la capacidad cognitiva de los afectados. Además, va a resultar esencial para poder dar un paso en el camino del incremento de la transparencia judicial.

Después de conseguir la generalización de los documentos explicativos de las sentencias en todos los procesos de incapacitación, se podría, según algunos, extender la práctica a aquellos procesos en los que haya extranjeros afectados. Es una buena opción, pero podría existir una mayor ambición.

El ciudadano tiene derecho a que las sentencias y demás resoluciones judiciales se redacten de tal forma que sean comprensibles por sus destinatarios, empleando una sintaxis y estructura sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico y se deberá facilitar especialmente el ejercicio de estos derechos en aquellos procesos en los que no sea obligatoria la intervención de abogado y procurador, según la Carta de derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, cuyo Preámbulo dice que “En los umbrales del siglo XXI la sociedad española demanda con urgencia una Justicia más abierta que sea capaz de dar servicio a los ciudadanos con mayor agilidad, calidad y eficacia, incorporando para ello métodos de organización e instrumentos procesales más modernos y avanzados”. Por lo expuesto, habría que ir pensando en extender documentos explicativos de las sentencias a todos los procesos.

Hacer comprensibles las sentencias para los ciudadanos con breves exposiciones para aclarar el contenido generaría grandes beneficios prácticos. Por un lado, aquellas personas que sean parte en los procesos judiciales obtendrían una mayor información en los procesos en los que hubieran participado como partes y podrían entender mejor los razonamientos jurisdiccionales en los juzgados y tribunales, que deben ser respetados en todo caso. Por otro lado, los abogados que hubieran realizado una espléndida labor procesal serían adecuadamente comprendidos por los ciudadanos, consiguiendo un merecido respeto, mientras que los abogados cuyo trabajo hubiese sido cuestionable quedarían retratados, sin que pudieran atribuir sus errores a terceros.