Está muy de moda hablar de pactos de Estado. Los pactos de Estado en estos últimos años suelen encubrir la desidia y ser un mero acto de postureo que ni afronta ni resuelve ninguno de los problemas que motivan que se firmen. El Consejo General de la Abogacía Española parece apuntarse a esta moda de textos planos, floridos y sin eficacia alguna con una propuesta de pacto de Estado por la Justicia. Pero intentaré sacar algo de provecho del mismo y ver a qué reflexiones nos puede conducir.

Lo cierto es que la Justicia es una de las grandes olvidadas por los partidos políticos. Partiendo del conocido manifiesto de la brigada tuitera lo que necesita nuestra Justicia es que sea eficaz (tenga medios), sea accesible e independiente.

Respecto a la independencia llevamos ya tiempo con las asociaciones judiciales y otras entidades como la Plataforma por la Independencia Judicial reivindicando la necesidad de adoptar acciones que garanticen una justicia independiente. No solo eso, sino que el grupo de estados contra la corrupcion GRECO dependiente del Consejo de Europa publicó recientemente un duro informe crítico con la situación de la independencia judicial en nuestro país. Es además una demanda social, la de que la Justicia aparezca como independiente. Este por tanto ha de ser uno de los pilares esenciales diseñando un sistema consensuado por los principales partidos políticos que garantice la no injerencia de los mismos con ánimo partidista en particular en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial con pleno respeto a lo establecido en el artículo 122 de la Constitución Española.

Los pilares de una revisión de la Justicia

Que la Justicia sea eficaz pasa porque esté dotada de los medios adecuados de todo tipo, y como ya he manifestado en alguna ocasión primando los medios humanos necesarios tanto en número como en aptitud y actitud para tener una Justicia del verdadero siglo XXI satisfactoria para los ciudadanos que se acercan a la misma, de calidad y rápida. Y esto solo pasa por un incremento presupuestario de los recursos actualmente destinados y por otro lado con una mejora en la gestión de los citados recursos.

En último lugar, que la justicia sea accesible pasa esencialmente por dos aspectos, una que no haya trabas en su acceso (recordemos las perniciosas y recientes tasas judiciales y los nocivos efectos que tuvieron al respecto) y que sea cercana en todos los sentidos, superando las tentaciones de centralizar los órganos judiciales en capitales de provincia.

Sobre estos tres pliares ha de partir la más que necesaria revisión de la Justicia, pero de nada servirán los pactos si no hay acciones concretas que avancen en los citados términos