Madrid, 13 mar (EFE).- Los letrados de la administración de Justicia, en paro indefinido desde el pasado 24 de enero, han pedido este lunes a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, que intervenga en las negociaciones para resolver el conflicto entre los huelguistas y el Gobierno.

En una carta dirigida a Montero, el comité de huelga le informa de "los compromisos que el Ministerio de Justicia adquirió" con los letrados en abril de 2022 y "de cuyo bloqueo culpabiliza" a Hacienda.

Según los funcionarios, estos compromisos se corresponden con las reivindicaciones que mantienen desde el primer día de huelga: una cláusula de enganche para no cobrar nunca menos del 85 % respecto a jueces y fiscales, siempre que tengan la misma antigüedad, y que su sueldo no sea menor en las poblaciones pequeñas.

Los antiguos secretarios judiciales, quienes denuncian que han ido acumulando nuevas funciones y carga de trabajo sin compensación a lo largo de los años, acusan a Justicia de cambiar de versión durante las negociaciones: desde decir que no existía un acuerdo hasta responsabilizar a Hacienda de que este no se cumpla.

Por ello, piden a María Jesús Montero una "intervención" que logre "desencallar el conflicto que el Ministerio de Justicia no quiere ni puede resolver".

Según los últimos datos facilitados por el comité de huelga, el paro deja por el momento 371.000 demandas pendientes de reparto, 311.500 juicios suspendidos y alrededor de 1.100 millones de euros paralizados. El saldo medio de la cuenta de consignaciones de los juzgados está a punto de llegar a 6.000 millones de euros.

La semana pasada la ministra de Justicia, Pilar Llop, se reunió con abogados y procuradores para abordar las consecuencias de la huelga y descartó declarar hábil el mes de agosto.

Llop reclama a los letrados que sean "realistas" y hagan nuevas propuestas. Aceptar su petición de una cláusula de enganche al salario de jueces y fiscales, alega, supondría un aumento mensual de "más de mil euros" por funcionario en su salario de entre 40.000 y 60.000 euros brutos al año.

El seguimiento del paro este viernes -última jornada con datos- fue del 20,59 % según Justicia y del 75 % según los huelguistas.