Concepción Sabadell,  ex fiscal Anticorrupción, es la fiscal designada por España para formar parte de la Fiscalía Europea, el nuevo órgano independiente con sede en Luxemburgo que desde junio del año pasado está investigando los delitos cometidos contra los intereses financieros de la Unión Europea. En esta entrevista destaca que España es el país donde se están recibiendo más denuncias de particulares y apunta al fraude de subvenciones como el delito que más le preocupa en nuestro país.

¿Qué balance hace de estos primeros meses?

Hemos recibido unas 2.800 denuncias, se han iniciado alrededor de 600 investigaciones,  con las dificultades que ofrecen estos delitos complejos, y ha habido ya una primera condena por un fraude de subvenciones en Eslovaquia. Además hemos congelados muchos activos, con lo cual el balance es muy positivo. Todavía hay muchos procedimientos en fase de verificación de nuestra competencia.

¿En qué países han congelado activos?

En prácticamente todos los estados miembros. Porque uno de nuestros objetivos, además de ser eficaces en la lucha contra estos delitos, es evitar que el delito sea rentable. Tenemos que conseguir recuperar esos activos para que vayan al destino que realmente tienen y evitar que los delincuentes obtengan beneficios de estos delitos. De momento esos fondos están congelados, hasta que no se dicte una sentencia condenatoria no podemos decir que efectivamente están recuperados.

¿Y en España qué actuaciones han comenzado?

Hemos recibido muchas denuncias de particulares, más de un centenar, es uno de los países que más denuncias de particulares ha recibido. Denunciar es algo muy sencillo que se puede hacer a través de nuestra web. También nos han reportado muchos asuntos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En la mayoría estamos todavía en una fase de verificación de nuestra competencia que está llevando mucho tiempo, porque no somos competentes para todos los delitos y muchas de estas denuncias lamentablemente no podemos asumirlas.  Uno de nuestros objetivos, también en España, es incrementar la detección del fraude porque es evidente que hay un déficit en la detección de este tipo de fraudes.

En España no se ha llevado ningún caso a juicio todavía

No. Otro de nuestros objetivos es, desde luego, reducir el tiempo de estos procedimientos que todos sabemos que en España es muy largo.

Una de las funciones de la fiscalía es mirar con lupa la gestión de los fondos europeos, algo muy importante en estos momentos.

Sí, creo que entramos en funcionamiento justo a tiempo. Es evidente que con el notable incremento de fondos, va a incrementar el riesgo de fraude. Estamos en contacto con todas las autoridades que tienen ese control de esos fondos para detectar los fraudes lo antes posible.

El fraude en el IVA también es una de sus prioridades.

Sí. Pero solo podemos investigarlo en el caso que se diera en dos estados miembros y con una cuota defraudada de más de 10 millones de euros, con lo cual muchas veces no podemos asumir la competencia.

¿Qué es lo que más le preocupa a la Fiscalía sobre España?

Precisamente estamos haciendo también ese análisis, y todavía no hemos llegado a las conclusiones. Pero en España yo creo que los fraudes de subvenciones van a ser el porcentaje mayor de nuestros procedimientos. Todavía estamos empezando, pero parece que apunta en ese sentido.

En España será una novedad tener un fiscal instruyendo, ¿qué va a suponer este cambio que introduce la Fiscalía Europea?

Es un acercamiento al sistema de casi todos los estados miembros, en los que hay un fiscal instructor. También está el juez de garantías, como un órgano imparcial que vela por la protección de los derechos fundamentales y además lo estamos haciendo en una institución independiente. Es un procedimiento piloto que nos va a permitir demostrar la eficacia de un fiscal instructor independiente.

El fiscal es independiente, pero los juicios se van a llevar a cabo en tribunales nacionales. Siendo la corrupción una de sus principales preocupaciones, ¿cree que se puede juzgar adecuadamente en los tribunales nacionales?

Sí, perfectamente. Desde luego en España tenemos ejemplos de que se puede juzgar en tribunales nacionales.

¿Cómo se va a garantizar el derecho de defensa de los derechos procesales?

Es cierto que es una de las cuestiones básicas y que ha sido objeto de mucho estudio, tanto por las asociaciones de abogados, como por parte de la Fiscalía Europea. Nosotros protegemos todos los derechos fundamentales, es también nuestra labor como fiscales, por lo tanto, la protección de los derechos fundamentales está garantizada.