Las cuatro asociaciones judiciales advierten que ha llegado el momento de limar asperezas entre ellas para ofrecer a los poderes públicos propuestas que mejoren la Administración de Justicia desde su experiencia como profesionales.
La falta de propuestas claras por parte de los partidos políticos que se presentan a las próximas elecciones del 20D y una mejor relación entre las propias asociaciones judiciales, han propiciado que en la tarde de ayer comparecieran sus cuatro portavoces. Joaquín Bosch, por parte de Jueces para la Democracia, Raimundo Prado, en representación de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Manuel Almenar, en calidad de presidente de la APM, Asociación Profesional de la Magistratura y Conrado Gallardo, presidente del Foro Judicial Independiente, la asociación más joven de todas. En este encuentro con los medios informativos presentaron un documento alrededor de un Pacto de Estado que aglutine a operadores jurídicos y partidos políticos para que la justicia alcance realmente el siglo XXI. Hace siete años estas entidades impulsaron una Comisión Permanente que era el interlocutor ante el CGPJ y el propio Ministerio de Justicia. Es probable que se cree un organismo similar, aunque aún es pronto para saber cómo se configurará. Las asociaciones de jueces liman sus diferencias en pro de una justicia de calidad, aunque aún hay más jueces sin asociar que pertenecientes a cada una de las que comparecieron ayer en el Colegio de Abogados de Madrid.
La justicia nunca se ha tomado en serio
Momento crítico para nuestro poder judicial, esos 5300 jueces que gestionan casi algo más de ocho millones de asuntos a lo largo de cada año. Acaba una legislatura con más sombras que luces y unas reformas bajo sospecha, como la propia parcial de la LECrim, qué, a pregunta de este periodista, los magistrados comparecientes en esta rueda de prensa reconocieron falta de voluntad política para llevarla a cabo. “Hay un texto de Código Procesal Penal que encargó el Ministro saliente Gallardón en el 2011 y que ni siquiera se convirtió en proyecto de ley”, advirtió Bosch. “La justicia nunca se ha tomado en serio y eso ha hecho que el legislador no haya acometido reformas integrales, ni siquiera en la parte procesal”, puntualizaba Almenar.
El documento que se hizo público en la tarde de ayer y que unifica los puntos de vista de nuestras cuatro asociaciones judiciales insiste en la necesidad de un Pacto de Estado, de base amplia, tanto de fuerzas políticas como de operadores jurídicos para que la Justicia se convierta en una prioridad “ Es necesario una planificación en varias legislaturas con inversiones continuadas y provisión de plazas judiciales las suficientes para que se evite la actual sobrecarga de trabajo”, apuntó Conrado Gallardo. Para Raimundo Prado resulta evidente que en estos treinta años se han hecho muchas cosas, pero sin ninguna estrategia “no es de recibo que existan ocho sistemas procesales que no son interoperables entre sí”. Nuestros jueces dan un paso al frente ante la falta de propuestas para mejorar nuestra justicia, un servicio público que en la mañana de ayer el Ministro Catalá consideraba fundamental, en un desayuno informativo, “para preservar el Estado de Derecho y nuestra democracia”.
El mencionado Pacto de Estado lo que pretende es que la propia Justicia no tenga dependencia directa del poder político “lo que ayudaría a preservar la independencia judicial de nuestros jueces e incluso la apariencia de falta de la misma”, apuntaba el propio Almenar. A este respecto las cuatro asociaciones firmantes del documento inciden en la necesidad de un nuevo modelo de carrera judicial y de organización de nuestra administración de justicia. “Es fundamental que haya una reestructuración de partidos judiciales, cuestión que no se abordó en esta legislatura para no enfadar a determinados alcaldes”, explicó Bosch. Desde esta perspectiva parecen ser los tribunales de instancia la mejor organización para optimizar los recursos existentes y el personal propio de los juzgados, en el que se mantenga la figura apreciada del Juez Decano, ahora tan importante en nuestra judicatura.
Lucha contra la politización de la justicia
Otro elemento que abordaría ese gran consenso nacional seria desarrollar mecanismos que evitasen la politización de nuestra justicia para que el ciudadano tenga más credibilidad en los tribunales. “Todas las asociaciones creemos que los vocales del CGPJ deben ser elegidos por los propios jueces y que el propio Consejo debe tener una estructura mayor y tener más presencia en la relación diaria con los jueces”, comentó Raimundo Prado. Para todos los juristas no se trata de suprimir esta entidad, como que vuelva a sus orígenes. Al mismo tiempo las entidades firmantes del citado documento muestran su preocupación por la falta de coordinación entre Ministerio, CGPJ y CCAA con competencias en justicia “La verdad es que deberían apoyarse más y ahora mismo su relación es muy complicada”; comentó Conrado Gallardo. Para Almenar “es necesario que se clarifique y redefine sus competencias para que se trabaje en la misma dirección desde estas tres entidades”.
En ese Pacto que nuestros jueces quieren impulsar con el apoyo de otros agentes sociales y jurídicos contemplan la necesidad que tanto las reformas legislativas como las procesales se consensuen desde la reflexión y con la opinión de los expertos. “Sorprende que el Ministro Catalá hable de diálogo cuando muchas de estas reformas se han aprobado sin apoyo de ningún grupo parlamentario”, indicó Joaquín Bosch. “Hay que desterrar las reformas parciales que no llevan dotaciones presupuestarias específicas porque realmente solo son parches que no valen para nada”, reclamó Raimundo Prado. “Las reformas deben ser globales, siempre presupuestadas de antemano, pero siempre pensando de dónde venimos y a dónde queremos ir, así como en la necesidad de acompasar esas reformas a los recursos que existan a corto plazo”, subrayó Almenar.
Desde este frente común que constituyen APM; AJFV; JPD y FJI, resulta clave apostar a medio plazo por una notable inversión económica en las próximas legislaturas “Es la única manera que podamos tener una administración de justicia ágil y con los medios adecuados”, expuso Conrado Gallardo. De hecho, lo que se reclama es que esa cantidad crezca de forma progresiva cada año como partida en los propios Presupuestos Generales del Estado. “Hay que invertir con cabeza y es necesario que cada reforma tenga una memoria económica adecuada para que realmente sepamos lo que se va a hacer”, indicó Joaquín Bosch. Esta dotación presupuestaria debería ir acompañada de una notable ampliación de la planta judicial “ahora somos el país de la UE con menor número de jueces por ciudadanos”, denunció Prado mientras que Almenar recalcó la necesidad de “definir un programa de ampliación de la planta judicial a medio a largo plazo.
Los jueces españoles, a través de sus asociaciones, quieren también que se mejoren las condiciones de trabajo de este colectivo. Están pendientes de que se ponga en marcha el I Plan de Prevención de Riesgos laborales que se suscribió en abril con el CGPJ. “Ya es hora que se ponga en marcha y que se defina realmente la carga de trabajo de los jueces”, indicó Almenar. Para Bosch “Debe ser el CGPJ como órgano de gobierno del poder judicial, quien lidere la aprobación y aplicación de todas aquellas propuestas que ayuden a dignificar la función judicial“. En este aspecto Conrado Gallardo advierte que “ha llegado la hora de introducir mejoras porque los jueces hemos estado trabajando mucho intentando suplir las carencias del sistema, pero ahora esto no es suficiente”, indicó. En esta tesitura, contemplan con buenos ojos la modernización de la justicia que quiere poner en marcha el Ministro Catalá aunque Raimundo Prado criticaba “que se haya hecho de forma precipitada y en el último año de legislatura”: Entre el público, Antonio Viejo, Juez decano de Madrid, confesaba a este periodista su preocupación por que Lexnet funcione de forma adecuada a partir del próximo 1 de enero.
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