La “balcanización” es definida, en términos geopolíticos, como un proceso de fragmentación en estados más pequeños que no siendo necesariamente hostiles entre sí, son no cooperativos (o percibidos de esta forma, al menos, por una de las partes).

 

Los patrimonios culturales se expresan en idiomas tan propios como locales. Esto explica acertadamente las balcanizaciones de los pueblos a lo largo del mundo, sin embargo, las consecuencias de esta división, muy menudo, se aprecian en intereses políticos, religiosos, económicos y se ve reflejada en< la depresión socioeconómica, con el consiguiente efecto de pobreza.

Una de las “herramientas” modernas para “balcanizar” un país es el “derecho a la desobediencia civil”, que en muchos casos se confunde (más o menos intencionadamente) con el derecho a la libre manifestación.

Uno de los padres de la desobediencia civil fue el filósofo Henry David Thoreau quien describió los principios de la “Desobediencia Civil” en su obra de 1849 que lleva por título el mismo nombre.

Su influencia sobre León Tolstoy, Mahatma Gandhi, Desmond Tutu y Martin Luther King, es indiscutible.

Actualmente, apoyándose en autores de la talla de Rawls y Habermas, se sostiene que la desobediencia civil es pedagogía pública.

Se caracteriza por ser pública, abierta, intentar influir en la opinión pública (aunque no descarta su poder de influencia sobre los gobernantes), se práctica usualmente de forma colectiva (no se excluye la práctica individual que para algunos se encuentra en la “objeción de conciencia”) y se la considera un medio de persuasión (no de coacción).

En términos generales, la desobediencia civil es una acción deliberada e intencional con fines políticos, de cambio social. Esta legitima pretensión de cambio se enmarca en el reconocimiento de los deberes generales del ciudadano en una sociedad libre, es decir,
la desobediencia civil no es revolucionaria, ni pretende imponer su criterio a la mayoría, sino que:

                 i) Respeta las reglas democráticas de cambio político.

                ii) Debe lealtad hacia las reglas constitucionales.

Con todo lo dicho, cabe concluir que para que un acto se clasifique como de desobediencia civil, se necesitará que:

                a) La acción se lleve a cabo públicamente.

                b) Que sea ilegal (conforme la ley vigente).

                c)  Quien cometa el delito esté consciente de sus acciones y motivos.

Desde el punto de vista social, la “desobediencia civil” es una forma de disidencia política, un quiebre consciente de la legalidad vigente con la finalidad de suplantar la norma transgredida por otra que las personas desobedientes postulan como más acorde con los intereses generales.

Intereses que, no obstante se digan generales, han de ser identificados a través de un procedimiento democrático de formación de la voluntad.

Es aquí donde hacen su aparición los argumentos que “justifican” la desobediencia civil basándose en la imposibilidad práctica de lograr un referéndum pactado por la vía constitucional, hecho al que se suma al mandato popular recibido en la últimas elecciones autonómicas que les obliga a culminar el procés. 

Desde el punto de vista personal, la “desobediencia civil” refleja el compromiso de no colaborar ni someterse a normas (en el sentido más amplio posible que el término admite) que la persona considera injustas, es decir, es una expresión de responsabilidad personal ante la injusticia (entendida esta última como el quebrando del bien común y/o la vulneración de principios de índole moral propio).

Como contrapartida, la persona desobediente debe estar dispuesta a: a) asumir las consecuencias legales de sus actos y, b) a aceptar el castigo previsto en la ley vigente.

Quien acepta pacífica y disciplinadamente la sanción que conlleva su comportamiento ilegal está afirmando con ello dos cosas muy importantes: por un lado, su respeto por el conjunto del ordenamiento constitucional (y las reglas del juego democrático) y, del otro lado sirve de refuerzo a las convicciones personales del desobediente, lo que no es un hecho menor porque ello nos permite separar a la persona desobediente (moralmente motivada) del mero delincuente oportunista que aprovecha la ocasión que brinda una manifestación para generar disturbios, violencia, etc.