El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha participado en el ‘Foro Justicia’ organizado por el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Previo al debate la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha presentado al titular del Departamento, junto al decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso.
La presidenta de la Abogacía ha reclamado al ministro de Justicia incrementar los medios para afrontar lo que se le “viene encima a nuestros juzgados y tribunales”. Ha recordado a Juan Carlos Campo que la Justicia ha estado presupuestariamente abandonada durante décadas, y que ahora “las tesis incrementalistas no son solo una opción, sino una obligación”.
Durante la presentación del ministro, Victoria Ortega también ha pedido con urgencia “articular medidas adicionales en materia de prestaciones, ayudas y subvenciones a nuestros profesionales autónomos, incluidos los acogidos al régimen de mutualidad, a quienes esta crisis está asfixiando”.
Además, la presidenta de la Abogacía pidió al ministro incrementar los recursos para mejorar las cuantías que el Estado destina a la Justicia Gratuita, y poner solución a la diferencia entre el IPREM y el salario mínimo interprofesional (SMI) para mejorar el acceso de los ciudadanos al servicio de Asistencia Jurídica Gratuita.
Aunque “los problemas no son pocos y, además, se amontonan”, Ortega ha destacado del ministro que “además de conocerlos bien y muy de cerca, también tiene una especial sensibilidad hacia ellos”.
Por su parte, José María Alonso ha recordado que “la Justicia tiene que ser un dinamizador de la economía” y que actualmente es más necesario que nunca ofrecer seguridad jurídica y para ello “es necesario invertir en Justicia”. El decano también recordó a Campo los temas pendientes como la actualización de los baremos del Turno de Oficio, la defensa del secreto profesional afectada por la Directiva DA6 y la necesidad de tener una agenda compartida con los jueces para fomentar la conciliación.
“La Administración de justicia y todos los que formamos parte de ella tenemos que tomar ahora el relevo de los sanitarios y colocarnos en primea línea para contribuir decididamente a solucionar los problemas que esta crisis ha causado a la ciudadanía en aspectos tan diversos como el laboral, el derecho de familia, el tributario o el administrativo”. Con estas palabras, el decano José María Alonso ha trasladado al ministro de Justicia el sentir de la abogacía madrileña ante el enorme desafío social y económico que afronta el país como consecuencia de la pandemia del covid 19.
JUSTICIA 2030
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha afirmado que “ahora” es el momento para “reflexionar” si es necesario “modificar normativas” como un posible plan alternativo al estado de alarma declarado por la pandemia del coronavirus y que concluye el próximo 7 de junio si el Gobierno no consigue su prórroga en el Congreso de los Diputados.
Durante su intervención ha insistido en que con la aprobación del real decreto-ley del estado de alarma, el pasado 14 de marzo, “nadie pierde sus competencias”, sino que se ha producido un “exceso de coordinación” entre el Gobierno y las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia para gestionar la crisis sanitaria.
En este sentido, ha explicado que en marzo no era posible un plan b porque el único instrumento legal que permitía controlar la pandemia era el estado alarma, “que es el más benigno de los tres que establece” la Ley Orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio. “No estábamos preparados”, ha dicho.
Así, el ministro ha señalado que “el derecho siempre va a remolque de los problemas de la sociedad” y que “ahora” es cuando “de una manera serena” se tiene que “reflexionar si es necesario articular, modificar normativas, que nos permita abordar una situación actual con otros instrumentos legales”.
Campo ha aseverado que el deber del Gobierno ante una crisis sanitaria es “estar a la altura de esa complicación” y responder “lo mejor posible a lo que la sociedad demanda”. En este sentido, ha defendido que el Ejecutivo y el presidente, Pedro Sánchez, “ha seguido unas pautas marcadas por las autoridades sanitarias” ya que “tenía claro” que no podía haber “cuestiones de oportunidad políticas”.
CAMBIO DE CRITERIOS
El ministro ha alegado también que las directrices sanitarias han ido “cambiando casi a diario” porque “desconocemos el comportamiento del coronavirus”. “Estoy convencido de que habrá muchos errores, pero insisto en que todas las decisiones que ha tomado este Gobierno lo ha hecho atendiendo a los criterios de las autoridades sanitarias”, ha afirmado.
Con todo ello, ha enfatizado que la única “manera de combatir” el covid-19 es el “distanciamiento social” y que ello justifica la necesidad de haber declarado el estado de alarma, un “mecanismo que no supone ninguna quiebra, ningún resquebrajamiento del estado de Derecho”. “No hay suspensión de ningún derecho fundamental”, ha asegurado.
Campo ha explicado que las líneas de trabajo que ha seguido su Ministerio para paliar las consecuencias de la pandemia se han basado en este distanciamiento y en la seguridad de todos los profesionales y ciudadanos.
En este sentido, ha subrayado que su primer objetivo era “introducir en el Consejo de Ministros que la Justicia es un elemento dinamizador de la economía y que juega un papel esencial en nuestro país”. Así, ha calificado de “hito histórico” el ‘plan de choque’ coordinado con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para evitar el colapso de algunas jurisdicciones, que se aprobará como muy tarde 15 días después de que se levante el estado de alarma.
Asimismo, ha insistido una vez más en que el decreto que aprueba medidas urgentes para evitar que la Justicia se atasque como consecuencia del covid-19 se ha hecho con el “consenso” del CGPJ, la Fiscalía General del Estado, las 12 comunidades autónomas con competencias transferidas y el Consejo General de la Abogacía Española, y teniendo en cuenta a los sindicatos y asociaciones de todos los operadores jurídicos.
TRANSFORMACIÓN DE LA JUSTICIA
Ante las demandas de una mayor inversión en Justicia y la necesidad de aumentar las plantillas de jueces y fiscales planteadas por algunos de los intervinientes en el foro, el titular de Justicia ha señalado que “las políticas incrementalistas son necesarias, pero no determinantes para la transformación” de la Justicia que se persigue y se proyecta en su plan ‘Justicia 2030’.
“Lo que hace falta es una nueva forma de organizar el servicio público de Justicia”, ha apuntado, pues sin ello se puede aumentar la plantilla pero el juzgado estará “exactamente igual de atascado que todos los demás”.
Por último, el ministro ha recalcado el papel de la Abogacía en la implantación de medios alternativos como la mediación o el arbitraje y ha pedido que siga trabajando para “crear esa cultura de desjudicialización”, que contribuirá a rebajar la litigiosidad y aligerar la carga en los juzgados.
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