La secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, la subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán, y el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Dorado, han comparecido en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para explicar la distribución del presupuesto de Justicia para 2017. Un ejercicio en el que la asignación ha crecido un 7,7% en relación con el año anterior, demostrando así el compromiso claro y rotundo del Gobierno con el impulso de la Justicia como servicio público esencial.
En este sentido, se ha destacado el importante esfuerzo presupuestario que alcanza los 1.700 millones de euros para Justicia, siendo una de las políticas presupuestarias que más crecen en las cuentas de 2017. Así, la participación del Ministerio de Justicia para el desarrollo de esta política, incluyendo el Centro de Estudios Jurídicos, alcanza una dotación inicial de 1.670 millones, lo que supone un incremento de 120,5 millones respecto al año anterior, mientras que la aportación al Consejo General del Poder Judicial se cifra en 56 millones, con un aumento del 2,5%.
El compromiso social de estas cuentas se refleja en unas inversiones que alcanzan los 80,6 millones de euros en áreas de especial sensibilidad para el ciudadano, como son la asistencia jurídica gratuita, la lucha contra la violencia de género, el mantenimiento de las oficinas de asistencia a las víctimas y la atención a las personas con discapacidad y menores.
En este apartado, se ha resaltado la importancia de la labor de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, con un presupuesto total de 1,5 millones de euros. Además, en la lucha contra la violencia de género el Ministerio de Justicia tiene previsto invertir más de 45 millones de euros, entre los que destaca la partida de 34 millones para los juzgados sobre violencia de género.
Más medios personales para la Justicia
En gastos de personal la inversión alcanza los 1.350 millones de euros, lo que permitirá la actualización retributiva del 1% de los funcionarios para 2017. La repercusión de este apartado en los gastos totales del departamento supone el 79,5% de la inversión global y un incremento del 3,6% respecto al año anterior.
También se ha destacado el aumento dotacional para el personal de la Administración de Justicia con objeto de reducir la alta tasa de interinidad. El Ministerio considera necesario continuar con el impulso de las reformas emprendidas en la legislatura pasada para reducir las altas tasas de interinidad, con el objetivo de situarlas en niveles residuales en los próximos tres años en el marco del acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales.
Así, la Oferta de Empleo Público estará dotada con unas 3.000 plazas para los distintos Cuerpos de la Administración de Justicia, lo que supone aproximadamente unos 800 puestos más que en 2016. De estas, 500 serán nuevas plazas para cubrir vacantes, mientras que las restantes 2.500 se destinarán a la estabilización del empleo temporal.
Asimismo, se prevé la convocatoria de 100 plazas para el acceso a las carreras judicial y fiscal, que se enmarcan en el compromiso del Gobierno dirigido al refuerzo de los medios puestos a disposición de la Justicia. En este sentido, cabe destacar que en materia de lucha contra la corrupción, desde 2015, el Ministerio de Justicia ha incrementado significativamente el número de efectivos de la Fiscalía Anticorrupción, hasta los 137 que la integran en la actualidad.
Transformación digital de la Justicia
La transformación digital del sistema de Justicia es otro de los objetivos en los que el Ministerio de Justicia tiene puesto su máximo empeño para conseguir una implantación total de la Justicia digital en esta legislatura, un sistema de gestión procesal común y compartido, nuevos servicios a los ciudadanos durante las 24 horas del día y un nuevo modelo de Registro Civil público, gratuito y electrónico. Para ello, la inversión total alcanzará los 182,6 millones de euros, lo que supone un incremento de 85 millones en relación con el año anterior (86,5%).
Estos presupuestos prevén igualmente una inversión presupuestaria de 2,4 millones de euros para la modernización tecnológica del Registro Civil, con la implantación de un nuevo folio personal y la expedición de los certificados de hechos relativos al estado civil por parte de cualquier registro, independientemente del lugar de inscripción. Por otro lado, la culminación de la medida ya activa de comunicar los nacimientos por vía electrónica desde los centros sanitarios contará con 0,2 millones de euros, mientras que a la tramitación electrónica de expedientes de nacionalidad por residencia se destinarán 8,8 millones.
El presupuesto para el proceso de transformación digital de la Justicia se ha incrementado un 90%, alcanzando la cifra de 149,3 millones de euros para el presente ejercicio. Con estas inversiones se podrá proseguir con el desarrollo y puesta en funcionamiento de importantes actuaciones tecnológicas iniciadas en años anteriores. Entre los proyectos que continuarán implementándose en 2017, Justicia y Fiscalía digital, comunicaciones electrónicas, transformación digital del puesto de trabajo, Sede Judicial Electrónica y evolución del Sistema Integrado de Registros de Apoyo a la Administración Judicial (SIRAJ).
Por otro lado, destacan los 5,5 millones de euros que el departamento destinará a las actuaciones en nuevas tecnologías contenidas en el Plan de Transformación Digital del Ministerio, dirigido a la mejora de los servicios a los ciudadanos, de los servicios internos para la realización de trámites electrónicos con el Ministerio de Justicia y el desarrollo de proyectos informáticos derivados de cambios normativos.
Asimismo, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses incrementa su presupuesto un 735%, con una inversión cercana a los 6 millones de euros destinados a reforzar los servicios de química y drogas, criminalística, biología e histopatología, así como para el desarrollo de las funciones encomendadas a los Institutos de Medicina Legal.
Impulso de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos
En el presupuesto para este año se contemplan dos subconceptos nuevos para la dotación de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA). Además del referido a los gastos propios de su funcionamiento y gestión, en el que se espera la generación de créditos a partir de los ingresos derivados de su propia actuación, se crean nuevos programas de atención a víctimas del delito y lucha contra la criminalidad que se financiarán con las cantidades procedentes de las resoluciones judiciales sobre bienes decomisados o embargados.
Desde la puesta en funcionamiento de la ORGA se han obtenido resultados muy positivos que han redundado en ahorro de costes, como el de vehículos en depósito, gracias al plan de choque puesto en marcha que permitió la destrucción de 220 vehículos. Actualmente se están tramitando 106 expedientes de gestión de bienes a petición de distintos órganos judiciales por un valor de 22,5 millones de euros.
Por último, se han aportado datos sobre la actuación del Registro de Delincuentes Sexuales, mecanismo que está ofreciendo buenos resultados en la protección de los menores. Entre 2016 y el primer cuatrimestre de 2017 se han expedido 2.386.000 certificados, de los que más de 600 han sido positivos, evitándose así las situaciones de riesgo que se podrían haber generado.
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