Dentro del apartado de las inversiones, el mayor incremento va destinado a la transformación digital de la Justicia, 128,8 millones de euros, lo que supone un aumento del 99% con respecto al presupuesto del año anterior. Cantidad que se dedicará a llevar a cabo el desarrollo integral de Justicia y Fiscalía digital para hacer posible la tramitación electrónica de los procedimientos, el impulso del sistema de gestión procesal común automatizada en todos los órdenes e instancias y la implantación del expediente judicial electrónico y de mecanismos telemáticos para los traslados entre órganos judiciales. En este capítulo se incluyen los seis millones destinados a la firma de convenios con las comunidades autónomas en los que se contempla la modernización tecnológica.
En el plan de actualización de la Justicia se contempla la modernización tecnológica de los registros para lo que se destinan un 25% más de recursos, lo que supone 14 millones de euros. Irán dirigidos a la consecución de un nuevo modelo de Registro Civil que seguirá siendo público, gratuito y electrónico, de manera que disponga de un sistema de gestión de titularidad estatal mediante el que se puedan tramitar de forma electrónica, entre otros, los expedientes de nacionalidad por residencia y seguir comunicando los nacimientos desde los centros sanitarios, a lo que se sumará la comunicación de defunciones desde los hospitales a los registros civiles.
En cuanto al plan de infraestructuras y equipamientos, dotado con 33,4 millones de euros, un 72% más que en 2016, se contemplan obras de construcción de nuevos edificios judiciales en Badajoz, Albacete, Guadalajara, Ibiza, Segovia, Lorca y Talavera de la Reina; obras de rehabilitación y mejora de las sedes judiciales de Soria, Palencia, Ceuta y Trujillo e inversión equipamientos y suministros del INTCF, 5,7 millones de euros, y de dependencias judiciales. Por otro lado, casi dos millones de euros van a parar a los ayuntamientos para gastos de funcionamiento de los juzgados de paz.
En relación al capítulo de personal, aumenta en 46,3 millones de euros (3,6%) destinados al incremento retributivo del 1% de los funcionarios, el despliegue de las oficinas judicial y fiscal y a un notable incremento de efectivos mediante Oferta de Empleo Público. Así, se incorporarán 100 nuevos jueces y fiscales, 3.000 plazas para los distintos Cuerpos de la Administración de Justicia y 25 nuevos abogados del Estado.
Respecto al gasto social, a las áreas de especial sensibilidad para el ciudadano irán a parar más de 80 millones de euros destinados a garantizar la asistencia jurídica gratuita, 36,7 millones, medidas contra la violencia de género, atención psicosocial en las oficinas de asistencia a las víctimas, cerca de un millón, y atención a personas con discapacidad y protección de menores.
El objetivo del Ministerio con estas cuentas es conseguir una Justicia más ágil y más eficaz en la atención a las demandas de los ciudadanos. Más dotada y mejor organizada, en la que la transformación digital sea la piedra angular de este ejercicio.
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