Madrid, 8 may (EFE).- Las asociaciones de jueces y fiscales han asegurado este lunes que, aunque mantienen su convocatoria de huelga indefinida a partir del martes de la próxima semana, el parón es su "último recurso" para presionar al Gobierno a que aumente su propuesta económica, y con ese fin seguirán negociando el miércoles por la tarde.

Tras una primera oferta la semana pasada de 44,5 millones de euros destinados a mejoras retributivas en las carreras judicial y fiscal, en la segunda ronda este lunes el Gobierno ha aumentado su propuesta. Los representantes de las asociaciones no han querido dar cifras, pero fuentes cercanas a la negociación aún la consideran insuficiente.

"No es nuestro afán ni nuestro deseo ir a la huelga", ha asegurado a los medios la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, quien ha confiado en la "responsabilidad de los ministerios" representados en la negociación, el de Justicia y el de Hacienda y Función Pública, para que "aporten lo suficiente para evitar llegar a la huelga".

El paro indefinido es "el último recurso" para el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Juan José Carbonero, que ha valorado a su entrada a la reunión que la propuesta que recibieron el miércoles pasado es insuficiente y "no es asumible" para su organización.

"No hay propuestas cerradas. Se habla de cifras (...) y de otras cuestiones y todo está abierto. Lo que se podría entender que mejora por un lado a lo mejor podría empeorar por otro", ha añadido al término del encuentro.

Así, ha matizado que el objeto de la mesa "no es tanto una cuestión monetaria o cuantitativa principalmente", sino que aborda "un problema de estructura retributiva" de las carreras judicial y fiscal, por lo que se está hablando tanto de cantidades como de la manera en la que se distribuirán.

Otras reivindicaciones, como la ampliación de la planta judicial, "se hacen continuamente y llevan otro cauce" y no se están debatiendo en la mesa de retribuciones.

Preguntado por si desconvocarían la huelga antes de llegar a un acuerdo si las negociaciones continúan, Carbonero ha afirmado que todo es "planteable", aunque no se ha aventurado a estimar cuánto puede durar el diálogo con el Gobierno.

Hasta el miércoles se harán nuevas consultas a los asociados para conocer su opinión sobre la oferta.

Los representantes de tres de las siete asociaciones de jueces y fiscales han explicado que las conversaciones se están desarrollando "en un tono muy institucional y muy amable", y que las partes están haciendo sus "aportaciones", con avances en algunos aspectos y con otras cuestiones más paradas.

Y han coincidido en recordar que esta es la primera vez que se reúne, desde su creación en 2003, la mesa de retribuciones, el órgano previsto por la ley reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, que se debe convocar cada cinco años.

"Después de veinte años no podemos solventar esto en un par de sesiones", ha indicado Dexeus, que se ha mostrado "con muy poco interés de ir a la huelga".

Como está previsto por dicha norma, en las negociaciones participan representantes de los Ministerios de Justicia y de Hacienda, así como de las asociaciones de jueces y fiscales, de la Fiscalía General del Estado (FGE) y tres vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

De seguir igual las cosas el día 16, la de jueces y fiscales sería la tercera huelga en lo que va de año en la administración de Justicia, tras la de los letrados y la actual de los funcionarios de los juzgados y tribunales.

La convocan todas las asociaciones menos las progresistas Juezas y Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales.