Las cuatro asociaciones de jueces – Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente- y el Consejo General de la Abogacía Española han firmado un acuerdo para debatir y proponer conjuntamente los cambios necesarios para conseguir una Administración de Justicia, adecuadamente dotada de medios personales y materiales, y un Poder Judicial realmente independiente, gobierne quien gobierne, que garantice a los ciudadanos una Justicia ágil, eficiente y de calidad, a la altura del siglo XXI y que no estén sometidos a los vaivenes políticos. Con esta medida, queda claro el compromiso electoral de Victoria Ortega, actual presidenta del CGAE, quien insistió en que la abogacía iba a liderar el papel de lobby para la mejora de la administración de justicia. Sus palabras cuando fue investida en dicho cargo hablaban de eso y de lograr una abogacía mejor y más preparada. Por parte de las asociaciones judiciales, su coordinación cada vez es mejor.
Después de aquella rueda de prensa conjunta en el ICAM donde mostraron su predisposición a un Pacto de Estado por la Justicia, sus encuentros y puntos de vista se han acercado bastante. Con este acuerdo, da la sensación que el CGAE quiere volver a impulsar una nueva versión del Foro por la Justicia, operativo en los años 2004 y 2005, entidad que aglutino a diferentes colectivos jurídicos y que llegó plantear algunos cambios al Ministro de Justicia de aquel entonces el socialista Juan Fernando López Aguilar.
Espacio de Justicia
Nace Espacio de Justicia, una iniciativa que lideran el CGAE y las cuatro asociaciones judiciales como son APM; Asociación Profesional de la Magistratura, AJFV, Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial independiente. Ambos colectivos trabajarán en la misma dirección de cara a buscar mejoras en la administración de justicia, una situación casi crónica donde ya conocen nuestros lectores los problemas de juzgados colapsados, sin medios y las escasas inversiones que se han hecho hasta la fecha, si se obvia el experimento fallido hasta la fecha de Lexnet, intento de digitalización de nuestra justicia, con resultado desigual a lo largo de nuestro territorio nacional.
En dicho documento suscrito por ambos colectivos se señala el papel clave de abogacía y judicatura en nuestro entorno judicial, aunque pese a ello han vivido mundos paralelos. Desde el CGAE se nos confirmaba que la incipiente relación entre jueces y abogados tenía como antecedentes la Plataforma Justicia Para Todos, así con la Interasociativa de jueces y fiscales para luchar contra el tema de las tasas judiciales.
En dicho documento al que ha tenido acceso nuestra publicación se comenta en un párrafo que “Abogacía y Judicatura estamos convencidos de que una auténtica democracia no es sólo el resultado de un respeto formal de las reglas, sino que es el fruto de la aceptación convencida de los valores que inspiran los procedimientos democráticos: la dignidad de toda persona humana, el respeto de los derechos del hombre y la asunción del “bien común” como fin y criterio regulador de la vida política. Y de que merece la pena luchar por esos valores”.
Organización en grupos de trabajo
Dicho Espacio de Justicia, que pretende promover el diálogo tanto interno como con las instituciones políticas y sociales, y que esté abierto a otros colectivos jurídicos y sociales se articulará en cuatro grupos de trabajo, – orgánico, organizativo, procesal y profesional- que abordará entre otros asuntos: la implantación de mecanismos que fortalezcan la credibilidad de la Justicia y la confianza del ciudadano en sus tribunales y la mejora del Gobierno de la Justicia. A nivel organizativo la situación actual funcional y territorial de la Administración de Justicia, la redefinición y coordinación del régimen de competencias en materia de Administración de Justicia, un plan de inversiones para varias legislaturas que dote a la Administración de Justicia de los medios imprescindibles para asegurar una Justicia ágil, eficaz y de calidad, la adecuación de la Planta Judicial a las necesidades reales de la sociedad, y la implantación de las nuevas tecnologías.
Desde el punto de vista procesal, también se ha organizado un grupo de trabajo donde se estudiarán las reformas sustantivas y procesales que den respuesta a las nuevas demandas de Justicia, desde el derecho de consumo a la problemática penal, pasando por las áreas laboral, contencioso-administrativa y la necesaria agilización procedimental; y, el aspecto profesional pretende abordar finalmente, el acceso a la Abogacía y a la Judicatura, el acceso universal a la Justicia y la Asistencia Jurídica Gratuita; la actualización funcional de la Abogacía y de la Judicatura y la actuación profesional y la garantía del derecho de defensa.
Los organizadores de este Espacio de Justicia, señalan que su funcionamiento será mediante los citados grupos de trabajo y desarrollará sus actividades con total independencia de cualquier tipo de poderes, organismos e instituciones. De hecho, su objetivo final es consolidar el Estado Social y Democrático de Derecho y el sistema de valores, derechos y libertades construido con el esfuerzo y la solidaridad de muchos españoles, así como conseguir que la Justicia sea una prioridad y no la gran olvidada de todos los Gobiernos.
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