Madrid, 31 jul (EFE).- El pleno del Senado ha aprobado este miércoles definitivamente la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal con los únicos votos a favor del PP y el PSOE como consecuencia del pacto entre ambos partidos para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial.

Después de que fuera aprobada en el Congreso, los senadores han avalado el dictamen emitido ayer por la Comisión de Justicia, que rechazó el veto presentado por Vox, y se han opuesto a las 16 enmiendas parciales planteadas por varios partidos que se votaban hoy (cuatro de Vox, seis de Compromís y otras seis de Eivissa i Formentera al Senat).

Socialistas y populares habían acordado no aceptar ningún cambio en el texto inicial enviado por el Congreso lo que ha permitido la aprobación definitiva en poco más de un mes de la reforma del poder judicial, cuya tramitación por el procedimiento de urgencia comenzó el pasado 30 de junio.

Con su aprobación se cierra el curso político en las Cortes, aunque existe la posibilidad de que a finales de agosto se celebre una reunión de la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que permanece de guardia fuera del periodo ordinario de sesiones y con capacidad para adoptar decisiones.

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal ha contado con 227 votos a favor, seis en contra y once abstenciones, mientras que ha habido senadores presentes en el hemiciclo que no han votado.

La norma da un plazo de seis meses al nuevo CGPJ para plantear al Parlamento y al Gobierno una propuesta de reforma de su método de elección, que tendrá que ser aprobada por tres quintos de los vocales.

La iniciativa eleva además a veinte años el tiempo de carrera exigido a un juez que aspira a ser nombrado magistrado del Supremo.

Y pone límites a las puertas giratorias entre la justicia y la política, porque los jueces que participen en política no podrán regresar al servicio activo hasta pasados dos años y no podrá ser nombrado fiscal general del Estado quien haya ostentado un escaño o un cargo político en los últimos cinco años.

La popular María José Pardo, que ha iniciado su intervención dando el apoyo y solidaridad de su grupo al pueblo venezolano frente a la dictadura de Nicolás Madurdo y ha criticado el "silencio" del Gobierno, ha destacado que la reforma garantiza la despolitización de la justicia y el fin de las puertas giratorias que "en los últimos años se han convertido en el sino del PSOE".

Ha resaltado que, por primera vez en la legislatura, se ha conseguido que el PSOE "no vaya de la mano" de "comunistas" e "independentistas", a quienes ha señalado les "escuece" el pacto suscrito con los populares en un consenso "anómalo, pero no indebido ni innecesario".

"Estamos en el lado correcto", ha destacado Marta Arocha, portavoz del PSOE, en su intervención, en la que ha rechazado el veto de Vox y ha vuelto a reclamar al PP que rompan los pactos municipales con la formación de Santiago Abascal.

La senadora socialista ha destacado que la reforma refuerce los requisitos para ser magistrado del Tribunal Supremo e introduzca un régimen de incompatibilidades para los miembros del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía.

En su defensa del veto y las enmiendas de Vox, su senadora, Paloma Gómez, ha advertido de que la reforma no certifica la independencia del poder judicial y ha acusado a los populares y socialistas de perpetuar sus "cuotas de poder".

Más Madrid, formación cercana a Sumar, se ha abstenido en la votación final siguiendo los pasos del partido de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en el Congreso al considerar que "no es la mejor ley, pero sí es absolutamente necesaria", según ha dicho su portavoz, Carla Antonelli.

El resto de partidos también han cuestionado el pacto del PP y PSOE y ha considerado insuficiente la reforma, por lo que o bien se han abstenido (PNV, Geroa Bai, UPN, Compromís, Agrupación Herreña Independiente, Agrupación Socialista Gomera y Eivissa i Formentera al Senat), no la han votado (ERC, BNG y EH Bildu) o lo han hecho en contra (Vox y Junts).

Eduard Pujol, que ha debutado en la Cámara como portavoz de Junts, ha calificado de "teatrillo" la norma y ha denunciado que se está abandonado la justicia a la "toga nostra" y que la "famosa máquina del fango" es un "juego de niños" con respecto a lo que, en su opinión, pasa en Cataluña.