Con una sesión especial dedicada a la aplicación de la perspectiva de género en la Justicia, los desayunos jurídicos del Colegio de Abogados de Madrid han retomado este jueves su actividad de la mano de la ministra Irene Montero, quien ha abordado en su intervención los retos que afronta la cartera de Igualdad para lograr que la justicia sea un ámbito de garantía plena para el cumplimiento de los derechos de todas las mujeres.
Presentada por María Naredo, jurista y asesora de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Montero ha reivindicado el Derecho como una de las pocas herramientas con las que cuenta la ciudadanía para restituir situaciones de injusticia y de vulneraciones de derechos. “Por ese motivo, las feministas que aspiramos a construir sociedades justas e igualitarias que no subordinen a la mitad de la población debemos hablar de Justicia y aportar nuestra mirada a los retos que, al igual que la sociedad, nuestros sistemas judiciales tienen para acabar con el machismo y la discriminación”, ha afirmado.
En ese sentido, y haciéndose eco de la principal reflexión que sobre los sistemas de justicia hacen los movimientos feministas a nivel internacional, la ministra se ha referido a la Justicia patriarcal “como un obstáculo para el acceso de las mujeres a la garantía de todos sus derechos”. ¿El motivo? “Que los sistemas judiciales y los ordenamientos jurídicos siguen siendo ciegos, en muchas ocasiones, a la desigualdad estructural que existe entre hombres y mujeres en nuestra sociedad y que subordina a más de la mitad de la población privilegiando la posición masculina”.
Para Montero, la principal tarea del Ministerio de Igualdad es “consolidar una nueva generación de derechos feministas en España que dé pasos decisivos en la erradicación de la violencia y las desigualdades estructurales a las que las mujeres se enfrentan por el simple hecho de ser mujeres”. Para ello, desde el ámbito ministerial se trabaja en tres pilares: el normativo, el de las políticas públicas y el de la formación a los profesionales encargados de llevarlas a la práctica. En esa labor es crucial la complicidad y el trabajo conjunto con otras instituciones, ha explicado, y en concreto, para garantizar los derechos de las mujeres víctimas, “la acción de la Justicia resulta fundamental para asegurar que se concretan en la práctica los derechos derivados de los avances normativos”.
Sin embargo, ha advertido que para hacerlo de forma eficaz resulta imprescindible identificar y deshacer la Justicia patriarcal como una barrera que impide la protección efectiva de las víctimas. “Acabar con la Justicia patriarcal significa proteger de manera eficaz los derechos de las mujeres y de los niños y niñas cuando están vivos y no solo lamentar los asesinatos”, ha subrayado.
Frente a esta Justicia “que toma los prejuicios y estereotipos de género como la norma y por ello produce decisiones sesgadas que contribuyen a la impunidad de los agresores y a la revictimización de las víctimas”, la ministra ha apostado por una justicia feminista, entendida como “aquella que partiendo de los pilares del derecho penal democrático no juzga en abstracto sino que toma en consideración las relaciones de género y poder que atraviesan todos los ámbitos de nuestra sociedad, incluido el familiar, como una vía para garantizar los derechos de las víctimas de violencia y contribuir con ello al cambio social”.
Desde el ámbito de la abogacía, el decano José María Alonso ha expresado el firme compromiso del ICAM con la igualdad, con la lucha contra la violencia de género, con la protección de las víctimas y con las acciones tendentes a la no discriminación, aunque ha diferido en la denominación. "Estoy de acuerdo en que tenemos que tener una Justicia más especializada pero no estoy de acuerdo en que tengamos que tener una Justicia feminista. Ni machista. Tenemos que tener una justicia independiente, que tiene que aplicar las normas que le sean dadas y aplicar la presunción de inocencia, sin inclinarse ni hacia un lado ni hacia otro", ha señalado.
Para los profesionales de la abogacía, las competencias del Ministerio de Igualdad suscitan un gran interés en dos aspectos clave: la conciliación y la lucha contra la violencia de género. “Tenemos problemas serios en materia de conciliación, que afectan sobre todo a la mujeres en su maternidad”, ha afirmado Alonso, reclamando el apoyo de la ministra a una causa que el ICAM abandera desde su Comisión de Igualdad, Inclusión y Diversidad. Y es que, ante la ausencia de modificaciones legislativas más garantistas, el Colegio de Abogados de Madrid lleva tiempo proponiendo la aprobación de un Protocolo de Buenas Prácticas de implantación en la Comunidad de Madrid a efectos de promover y facilitar la adopción de medidas de conciliación de la vida personal, familiar y profesional. “Si no hay conciliación, no hay igualdad”, ha sintetizado el decano.
Respecto a la lucha contra violencia de género, Alonso ha recordado que el Colegio de Madrid ha estado siempre muy implicado, siendo una prioridad en la formación de los profesionales de la abogacía, especialmente de quienes están adscritos al Turno de Oficio. En ese sentido, el decano ha puesto en valor la labor que desempeñan los abogados y abogadas del turno de oficio que atienden a las víctimas del maltrato, resaltando el compromiso del Colegio de Madrid con esta causa: “esta institución no va a tener ninguna fisura en la defensa de la mujer frente a las agresiones”, ha recalcado, si bien el respeto a un derecho fundamental como es el derecho de defensa implica la defensa jurídica tanto de las victimas como de los presuntos autores.
Sobre el papel de la abogacía se ha referido también Irene Montero, recordando que en el caso de muchas mujeres víctimas de violencia machista, “sus abogadas y abogados sois muchas veces las primeras personas que las creéis, también sus protectoras, también sus salvavidas”. Así, la ministra ha hecho público el reconocimiento y la admiración hacia este colectivo: “sin vosotras, sin el camino que habéis abierto, este Ministerio no existiría”.
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