El Colegio de Abogados de Málaga manifiesta su rechazo al primer documento de trabajo elaborado por el Consejo General del Poder Judicial sobre medidas organizativas y procesales para el plan de choque en la Administración de Justicia tras el estado de alarma.
El decano, Francisco Javier Lara, ha explicado que las medidas procesales y organizativas que se proponen suponen en la práctica un quebrantamiento del derecho fundamental a una tutela judicial efectiva, tratando de limitar e incluso de disuadir el acceso a la Justicia por parte de los ciudadanos y limitando el derecho de defensa. “En todo caso, el documento revela una grave desconsideración a la función vital que desempeña la Abogacía en el correcto funcionamiento del Estado de Derecho”, ha manifestado.
La reducción generalizada de la segunda instancia, la amenaza en cuanto a la imposición de costas e incluso multas en determinados planteamientos judiciales o el establecimiento de órganos unipersonales son algunas de las cuestiones a las que ICAMALAGA se opone de manera frontal. En este sentido, el decano ha apuntado que la reducción de la carga de trabajo no puede en modo alguno ir aparejada de la pérdida de derechos fundamentales reconocidos y protegidos por la Constitución Española.
La corporación colegial señala que la Administración de Justicia debe reactivarse de manera progresiva pero sin pausa en todos los procedimientos y trámites que no se vean afectados por la declaración del estado de alarma, de manera que se minimice en todo lo posible el impacto de la paralización de las actuaciones judiciales. La recuperación de la actividad debería ser, pues, la medida fundamental y el primer objetivo de cualquier plan de choque que se plantee en estos momentos.
Asimismo, muchas de las medidas que se plantean en el documento requieren de una tramitación parlamentaria y el correspondiente examen por parte de órganos consultivos, lo que ralentiza su puesta en marcha y le hace perder efectividad.
El Colegio de Abogados de Málaga sostiene que las propuestas del Consejo General del Poder Judicial se constituyen como un pretexto para imponer importantes reformas procesales. “La declaración del estado de alarma no debe servir de excusa para estas modificaciones, como tampoco se debe asumir que los problemas de los juzgados hayan comenzado con la crisis del COVID-19”, ha apuntado el decano.
La corporación colegial también muestra su rechazo a que se declare hábil el mes de agosto en las condiciones que propone el CGPJ, ya que esta opción se presenta bajo la premisa de respetar las vacaciones de los miembros de la carrera judicial, a los que hay que añadir al resto de funcionarios, obviando cualquier referencia con total desprecio a la abogacía.
“Si se dan las condiciones necesarias e imprescindibles para trabajar todos en agosto, perfecto; pero si no es así y los juzgados van a estar funcionamiento al ralentí, ¿qué sentido tiene mantenerlos todo el verano a medio gas, sin lograr objetivos de concluir trabajos, sirviendo tan sólo y exclusivamente para perjudicar a abogados y procuradores?”, se pregunta el decano, quien plantea que, en todo caso, deberían tener vacaciones forzosas en agosto todos los funcionarios de la Administración de la Justicia para que el resto de meses (junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre) puedan funcionar a pleno rendimiento,.
Francisco Javier Lara, en relación a este asunto, ha mostrado su preocupación por el panorama que se presenta para los abogados y abogadas con hijos menores y en edad escolar, toda vez que los centros educativos previsiblemente estarán cerrados y no tendrán con quién ni dónde dejar a los niños en agosto.
Al margen de las alegaciones que presentará el Consejo General de la Abogacía Española, el Colegio de Abogados de Málaga propone que se habilite de manera inmediata la plataforma LexNet para la presentación de escritos de toda índole, tanto iniciadores como de trámite, evacuando plazos que se encuentren pendientes (sin que ello signifique en forma alguna el alzamiento de la suspensión de plazos, pero sí la posibilidad de evacuar voluntariamente los que estén pendientes). Esta medida es esencial porque permitiría ir descargando el trabajo que necesariamente se acumula.
Además, plantea la puesta en marcha con carácter inmediato de la notificación de todo tipo de resoluciones, junto con el traslado de los escritos presentados por las otras partes litigantes. En modo alguno implicaría esta propuesta alzamiento de la suspensión de plazos, pero permitiría a los profesionales ir organizando y gestionando su trabajo para el momento en que los términos y plazos vuelvan a contar.
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