El decano del Colegio de Abogados de Granada, Leandro Cabrera, se ha reunido con el diputado de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Andalucía por Granda, Raúl Fernández, para abordar en común los asuntos judiciales más representativos de la actualidad provincial y repasar los últimos avances que se han realizado durante los últimos meses y los retos más acuciantes para el colectivo profesional.
En este sentido, Cabrera ha solicitado a Fernández, que es también portavoz de Cs en la Comisión de Justicia de la Cámara andaluza, una revisión al alza del baremo aplicado a los servicios de Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita, que pase por el incremento de las compensaciones recogidas y por la inclusión de nuevos conceptos hoy día no incluidos en la normativa, como la asistencia de oficio a personas jurídicas en procedimientos penales.
No obstante, el decano ha valorado “la agilidad y diligencia” que el Gobierno andaluz ha imprimido al pago de abogados y procuradores de la Justicia Gratuita en Granada, consiguiéndose que los abonos por parte de la Consejería de Justicia se efectúen entre 15 y 45 días”.
En dicha reunión, ambos representantes han abordado también el tema de las sedes judiciales. En concreto, Fernández ha resaltado que los Presupuestos andaluces para 2021 son “especialmente sensibles y atentos” a las infraestructuras judiciales granadinas, y ha puesto como ejemplos de ello las inversiones destinadas al acondicionamiento del edificio judicial de La Caleta, valorada en más de un millón de euros, así como las partidas destinadas a la nueva sede judicial de Órgiva o a la rehabilitación de la sede de la Fiscalía en Granada, además de coincidir en la necesidad de que se abran los nuevos juzgados de Almuñécar cuanto antes, puesto que la situación actual de las dependencias judiciales es precaria.
Asimismo, Fernández ha trasladado al decano de la Abogacía granadina que, desde su formación, van a llevar a cabo gestiones con el Gobierno central para solucionar los problemas de asistencia de extranjeros en el Puerto de Motril que el colectivo profesional lleva meses denunciando, así como la dotación de los medios tecnológicos a la prisión de Albolote que permitan las entrevistas entre internos y abogados a través de videoconferencia.
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