Madrid, 27 abr (EFE).- El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves por unanimidad llevar una propuesta de "revisión y actualización" de los sueldos de los jueces a la Mesa de Retribuciones convocada por el Ministerio de Justicia para el próximo 3 de mayo.
A tal efecto el Pleno del CGPJ ha designado a los vocales José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán y Juan Martínez Moya para que participen en dicha Mesa para efectuar las propuestas de retribuciones de la carrera judicial "que reconozcan adecuadamente la responsabilidad y dedicación de jueces y magistrados".
Y entiende que "el espacio institucional adecuado para hacer reales y efectivas esas propuestas es la ya convocada Mesa de Retribuciones".
Este acuerdo del CGPJ tiene lugar después de que el pasado día 24 la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales convocaran una huelga a partir del 16 de mayo.
Estas organizaciones expusieron su preocupación por la falta de dotación suficiente de la administración de Justicia, que consideran que es "la cenicienta", y por las cargas de trabajo de tribunales y fiscalías "que afectan tanto a la calidad y rapidez de la respuesta judicial como a la salud de la judicatura y los miembros de la Fiscalía".
El órgano de gobierno de los jueces planteará un sistema retributivo "objetivo, equitativo, transparente y estable de acuerdo con los principios recogidos en la Ley reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal y la Ley Orgánica del Poder Judicial", informa el CGPJ.
El CGPJ entiende que "el régimen retributivo de los miembros de la carrera judicial constituye un elemento vertebrador de su independencia económica, íntimamente vinculada a la independencia en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que se consagra en la Constitución y a la realización de la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos".
Destaca que se trata de una "función pública de especial importancia que está encomendada de forma exclusiva y excluyente a los jueces y magistrados que integran el poder judicial".
Añade que el poder judicial es "esencial en un Estado democrático de derecho" y que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dicho en una sentencia de 2018 que los estados miembros tienen el deber de garantizar la independencia de los miembros de los poderes judiciales nacionales, también en su dimensión económica.
El CGPJ recuerda que a juicio del TJUE "el hecho de que estos perciban un nivel de retribuciones en consonancia con la importancia de las funciones que ejercen constituye una garantía inherente a la independencia judicial".
En este sentido el CGPJ insiste en que el régimen retributivo de los miembros de la carrera judicial "impone no solo su regulación mediante una ley especial sino también una especial atención al tratamiento de estas materia en consonancia con su posición institucional y severo régimen de incompatibilidades".
Por todo ello cree necesario "revisar y actualizar" sus retribuciones "adecuándolas a los principios cuantitativos y cualitativos" recogidos en las citadas leyes.
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