El Consejo General del Poder Judicial ha advertido al Ministerio de Justicia de que es necesario crear 32 nuevos juzgados de lo social en cuatro comunidades autónomas (Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana) en las que “los actos de conciliación y juicio se señalan con una demora superior a un año”.

Según ha comunicado el órgano de gobierno de los jueces, la Comisión Permanente ha tomado conocimiento en su reunión de la necesidad de crear estos 32 nuevos juzgados para “agilizar la actividad judicial” y “reducir los tiempos de respuesta”.

El CGPJ ha sustentado el acuerdo en un informe elaborado por el Servicio de Inspección tras el análisis, durante el pasado mes de noviembre, de la situación de “todos los juzgados de los social que estaban señalando actos de conciliación y juicio con más de un año de demora”.

Además, los vocales de la Comisión Permanente han tenido en cuenta el criterio fijado recientemente por el Tribunal Constitucional, cuya Sala Primera ha declarado que una demora de varios años vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.

Según ha precisado, en su análisis de la situación de los juzgados de lo social, el Servicio de Inspección ha valorado las cargas medias de entrada de asuntos de 2018 a 2021 y de los tres primeros trimestres de 2022. También ha valorado el nivel de resolución, el nivel medio de pendencia por territorio, los tiempos medios de respuesta y las fechas de los últimos señalamientos de los que se tiene constancia.

Conforme a esos datos, el Consejo ha concluido que es “necesaria e imprescindible” la constitución de 32 nuevos juzgados de los social, que deberían distribuirse territorialmente entre Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana.

En el caso concreto de Andalucía, el CGPJ ha propuesto la creación de 12 juzgados de lo social: cinco en Sevilla, tres en Almería, dos en Málaga, uno en Cádiz y uno en Jerez de la Frontera.

Para Cataluña ha reclamado un juzgado de lo social de enjuiciamiento en Barcelona, y para Madrid, 15 juzgados de lo social. En el caso de la Comunidad Valenciana, ha pedido cuatro: dos en Alicante y dos en Elche.

El órgano de gobierno de los jueces también ha advertido de la necesidad de aumentar la planta judicial en todas aquellas localidades en las que la carga de trabajo de los juzgados de lo social supera el 130% del indicador de media en los últimos cinco años.

La Comisión Permanente ha acordado dar traslado del informe a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia afectados para que valoren promover la adopción de medidas de refuerzo, en tanto se produzca el aumento de la planta judicial.