Santander, 22 feb (EFE).- El apoyo de los jueces permitió realizar un total de 1.728 trasplantes de órganos en España durante el año pasado, de los cuales 1.291 procedían de personas fallecidas, según los datos de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

De las 2.346 donaciones de fallecidos en 2023, en 417 se requirió autorización judicial, concedida en un 95 % de los casos.

Así se desprende de los datos presentados por la directora de la ONT, Beatriz Domínguez, este jueves en Santander, donde se están desarrollando las Jornadas de encuentro entre profesionales de la administración de Justicia y de la comunidad trasplantadora.

El perfil: hombre de 49 años

Casi el 76 % de los donantes que requirieron autorización judicial eran hombres, con una edad media de 49,2 años, inferior a la del global de donantes (60 años), probablemente por sus diferentes causas de fallecimiento.

De hecho, el traumatismo craneoencefálico no relacionado con accidentes de tráfico fue la causa de muerte del 42,8 % de los casos judiciales y el traumatismo por accidente de tráfico del 24,4 %. Esos porcentajes son del 9,4 % y del 4,7 %, respectivamente, para el total de donantes fallecidos.

En lo que respecta a las actuaciones judiciales en estos casos, el pasado año se registraron 22 negativas a la donación, un 5 %, al considerar el juez que podían afectar a la investigación.

Además, 435 personas vivas donaron el año pasado un riñón y dos parte de su hígado, intervenciones en las que también se precisa la participación de los profesionales de la justicia para comprobar que el consentimiento que otorga el donante para la extracción es informado, libre y expreso.