Madrid, 29 may (EFE).-  Un informe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el ingreso de asuntos que soportan los juzgados muestra que el 21,73 % tiene una carga de trabajo que se sitúa entre el 150 % y el 200 % del módulo de entrada fijado por el órgano de gobierno de los jueces y que el 10,71 % supera el 200 %.

Según informa en un comunicado el CGPJ, los miembros de su comisión permanente han abordado este informe antes de reunirse con representantes de las cuatro asociaciones judiciales para informarles de las actuaciones puestas en marcha para proteger la salud laboral de jueces y magistrados.

Una de esas asociaciones, la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, ha informado de que ha presentado en la Inspección de Trabajo una denuncia contra el CGPJ, en materia de prevención de riesgos laborales, por no haber regulado las cargas de trabajo en la carrera como ordenó hace más de siete una sentencia del Tribunal Supremo.

Según explica el CGPJ, el informe de la Inspección es el paso previo a la actualización del mapa judicial de riesgos y del sistema de alertas que permitirán monitorizar la situación de cada órgano judicial y detectar posibles riesgos laborales.

De acuerdo con ese informe, los órganos judiciales que soportan una mayor entrada de asuntos son los juzgados de primera instancia; casi la mitad (43,25 %) están por encima del 200 % de su módulo de entrada, fijado en su día tras analizar la entrada de asuntos en los diferentes órganos judiciales y su capacidad de resolución.

A petición de las asociaciones judiciales, el CGPJ ha acordado estudiar la posibilidad de poner a disposición de los jueces una aplicación informática que, "a modo orientativo y sin efectos prácticos", permita a cada uno calcular de forma aproximada su rendimiento individual.

El CGPJ recuerda que, en cumplimiento de la sentencia del Supremo, el pasado abril se aprobó la actualización del mapa de riesgos y alertas, a partir de la recopilación de los datos sobre la carga de trabajo de los órganos judiciales, y del protocolo que regula su aplicación.

Otra de las medidas es la elaboración de un documento de trabajo con indicadores orientativos que permita a los jueces elaborar una "agenda saludable", para lo que se creará un grupo de trabajo por cada orden jurisdiccional.