El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha presentado hoy ante el Pleno del Congreso de los Diputados el presupuesto de su departamento para 2018 que se incrementa por cuarto año consecutivo y marca una tendencia de crecimiento consolidado y sostenido. Así lo demuestra el aumento acumulado del 20% en las cuentas desde 2014 que certifica el compromiso del Gobierno por dotar a la Justicia de más recursos. Respecto a este ejercicio, el gasto total del Estado en Justicia asciende a 1.927 millones de euros, un 3,1% más que el año anterior. 

 

El 91% del gasto corresponde al Ministerio de Justicia, hasta un total de 1.754 millones de euros, lo que supone un aumento del 3,2% respecto a 2017, mientras que el 9% restante se distribuye entre los organismos autónomos dependientes del departamento (Mutualidad General Judicial y Centro de Estudios Jurídicos) y el Consejo General del Poder Judicial, cuya asignación se incrementa un 3,3%

Según ha explicado el ministro, estas cuentas se articulan en tres ejes fundamentales: más recursos para una Justicia con más medios, una Justicia al servicio de los ciudadanos y apoyada en las nuevas tecnologías. Además, ha reiterado su voluntad de que estos presupuestos sirvan para atender las reivindicaciones de las asociaciones de jueces y fiscales, como muestra del compromiso firme del Ministerio con la aportación de más recursos para aquellas áreas consideradas prioritarias por los profesionales del sector.

Más recursos para una Justicia con más medios

Para cumplir con este objetivo, los presupuestos de 2018 destinarán 1.383 millones de euros para la mejora de las retribuciones, aumentando en un 2,5% el gasto de personal respecto al año 2017. Las cuentas conllevan una decidida apuesta por la mejora del empleo público mediante la creación de 300 nuevas plazas de jueces y fiscales y otras 3.759 para los distintos Cuerpos de la Administración de Justicia.

En este apartado, Catalá ha hecho referencia al esfuerzo realizado en la mejora de las prestaciones sociales y en la formación de los profesionales de la Administración de Justicia, objetivos para los que se destinarán a la Mutualidad General Judicial y al Centro de Estudios Jurídicos 114,6 millones de euros, una partida que supone un 1,3% de aumento respecto al año anterior.

En lo referente a los recursos para infraestructuras y equipamientos judiciales, el ministro ha señalado que habrá un incremento del 50% (casi 17 millones más que en 2017) en un presupuesto global que alcanza los 50,1 millones de euros. De esta inversión, 30,1 millones de destinarán a la construcción de un total de 6 nuevos edificios judiciales (en Badajoz, Albacete, Guadalajara, Ibiza, Segovia y Lorca) y a los trabajos de inicio de otros 10 proyectos de obra en otras tantas localidades. Asimismo, la rehabilitación y mejora de sedes judiciales ya existentes contará con un presupuesto de 7 millones de euros.

Dentro de este capítulo, Catalá ha destacado el respaldo al Plan de inversión del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con un total de 6,2 millones de euros que se enfocarán a la modernización y renovación tecnológica en beneficio de una ciencia más avanzada que procure una Justicia más rápida y segura.

Más recursos para una Justicia para las personas

En el objetivo de alcanzar una Justicia al servicio de la sociedad, el ministro de Justicia ha resaltado los cerca de 109 millones de euros que el presupuesto de su departamento destina al gasto social en áreas de especial sensibilidad para el ciudadano. La lucha contra la violencia de género, la asistencia jurídica gratuita y la atención a las víctimas obtendrán un aumento presupuestario cercano a los 26 millones de euros, lo que supone un incremento del 31% respecto a 2017.

Para combatir la violencia de género y dar cobertura a las líneas de acción previstas en el Pacto de Estado, los presupuestos cuentan con 59 millones de euros, casi 14 millones más que en 2017. Estos recursos se hacen especialmente relevantes en la inversión prevista en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (38 millones de euros), las Unidades de Valoración Forense Integral, los Institutos de Medicina Legal, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y la asistencia jurídica especializada, cuyo presupuesto suma 4,2 millones más que el pasado ejercicio, lo que permitirá aumentar el número de mujeres asesoradas y el número de guardias que asegure la disponibilidad del servicio.

La inversión de 49 millones de euros en asistencia jurídica gratuita supone un aumento del 33%, que servirá para facilitar el acceso a la Justicia a quienes cuentan con menos recursos. Según Catalá, este incremento permitirá cubrir las previsiones derivadas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y asumir el compromiso del Gobierno de incrementar los baremos por la prestación de estos servicios. Se trata de un reconocimiento a la labor de abogados y procuradores que además, a partir de este mismo mes, empezarán a cobrar este servicio de forma mensual y no trimestral como hasta ahora.

Asimismo, la especial sensibilidad con las víctimas se plasma en la dotación de 1,1 millones de euros a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas para mejorar la atención psicosocial que éstas prestan.

Más recursos para una Justicia digital

Completar la transformación tecnológica de la Justicia es uno de los principales objetivos marcados por Rafael Catalá, un esfuerzo al que se han dedicado ya tres intensos años de trabajo que han dado sus frutos. Así, a día de hoy ya existe un sistema generalizado de comunicaciones electrónicas entre los profesionales y los órganos judiciales y están implantadas las herramientas necesarias para que la tramitación judicial sea completamente digital. De hecho, la totalidad de los órganos unipersonales, las audiencias provinciales y los tribunales superiores de Justicia del territorio gestionado por el Ministerio de Justicia disponen de los instrumentos necesarios para una gestión en formato digital.

Para reforzar esa tendencia, el Ministerio va a destinar 131,3 millones de euros para continuar el proceso de transformación digital de la Justicia, atender las demandas profesionales y avanzar en la construcción del nuevo Registro Civil digital.