En una entrevista concedia por el Ministro de Justicia, Rafael Catalá, a Thomson Reuters La Revista, el ministro ha recordado el carácter de servicio público que tiene la Justicia y que ésta tiene que ser moderna y cercana al ciudadano. Asimismo, resalta la importancia que tiene el objetivo de alcanzar el 1 de enero de 2016 una Justicia sin papeles y, como dicho objetivo, es consecuencia de la "implicación y colaboración de todos los actores institucionales y colectivos jurídicos". En la entrevista se abordan temas relaccionados con la situación de la Justicia, la Abogacía, la reforma contitucional y aspectos concretos, como la reforma penal, el aforamiento o la próxima convocatoria electoral.
En relación a las polémicas tasas judiciales, el titular de Justicia recuerda que en el año 2015, gracias a los resultados del esfuerzo pedido a la sociedad, “hemos podido suprimir las tasas de las personas físicas y bajar los impuestos entre otras medidas. Quiero resaltar la actitud de diálogo de todo el sector así como el grado de consenso alcanzado”. También muestra su preocupación sobre que el sistema de retribución del turno de oficio haya provocado en algunos colegios de abogados una caída en la asistencia jurídica gratuita.”Me preocupa fundamentalmente que tengamos una justicia de calidad al alcance de todos. En los Presupuestos Generales del Estado se ha consignado una partida de seis millones de euros para reforzar este sector entre otros objetivos”, asegura Catalá.
Sobre el desconcierto que provocan las sentencias contradictorias sobre supuestos muy parecidos, Catalá asegura que “la existencia de resoluciones diversas sobre una misma materia es percibida por los ciudadanos como un síntoma de falta de seguridad jurídica” y añade que “por ello, uno de los objetivos pretendidos por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, de reforma de la LOPJ es evitar resoluciones contradictorias entre Secciones de un mismo órgano judicial, introduciendo mecanismos que logren una mayor predictibilidad de las resoluciones y así mejorar el grado de seguridad jurídica de nuestro ordenamiento”.
Otro de los temas polémicos de los que habla el ministro es el aforamiento del que entiende “no es un privilegio puesto que no supone que el aforado pueda escapar de la acción de la Justicia y, por lo general, limita las instancias jurisdiccionales en vía de recurso”.
Respecto a la situación de los abogados, el ministro es consciente de que "la crisis ha provocado serias dificultades no sólo a los bufetes sino al conjunto de la sociedad española; no hay nadie que no haya padecido los efectos de la situación económica. En el barómetro [de la Abogacía] también se establece que, pese a las dificultades, son los abogados, de entre las instituciones judiciales y profesiones jurídicas, los que en mayor medida merecen la confianza de los ciudadanos. Además, pese a la crisis continúan prestado una inmejorable asistencia jurídica a los más desfavorecidos habiendo realizado un esfuerzo importante. No obstante, se va viendo cierta recuperación en todos los sectores.De hecho, hace unos días leía en la prensa una encuesta sobre retos del mercado jurídico en la que los primeros ejecutivos de los grandes bufetes españoles e internacionales apuntaban que ya se puede hablar de recuperación del sector legal, y sentaban los principales retos a los que las firmas de abogados tendrán que enfrentarse en los próximos años. Respecto a este último punto, estoy de acuerdo que este colectivo tiene que hacer un esfuerzo por la flexibilidad, ser más imaginativos y creativos, más eficientes y especializados, abrirse internacionalmente, gestionar bien los equipos humanos, sin olvidar la adaptación necesaria a las nuevas tecnologías. Tenemos unos abogados con una fantástica formación lo que contribuirá, no me cabe duda, a la consolidación de los despachos y a mejorar las expectativas laborales de estos profesionales del Derecho".
En cuanto a la reforma del Código Penal Catalá asegura que “gracias a ella, el Código Penal se ha dotado de mejores respuestas ante delitos que son especialmente reprochables como los de corrupción, trata de blancas, agresiones contra las mujeres, robos en el campo, delitos medioambientales, asesinatos con agresiones sexuales, delitos contra el patrimonio, maltrato animal o, por ejemplo, el cibercrimen”.
El ministro considera que “para llevar a cabo una reforma de la Constitución debería existir un consenso suficiente en la sociedad española que a día de hoy no se da” y asegura que “la modificación de la Carta Magna no es una prioridad en la actualidad para el Gobierno porque responde a intereses de algunos que pretenden confundir sobre cuáles son los problemas reales de España”.
Y ya con la fecha de las elecciones generales del 20D en el horizonte, Catalá afirma que “me gustaría seguir formando parte del equipo que continúe con la modernización de la Justicia, con el nuevo Sistema de Gestión Procesal o que inicie la Oficina de Gestión y Recuperación de Activos. Son proyectos en los que creo y que me gustaría acompañar”.
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