Rafael Catalá, que considera la lentitud como el primer gran problema de la Justicia, se ha referido a la necesidad de introducir cambios de carácter procesal, organizativo, cultural y tecnológico, contando siempre con el consenso y la colaboración de todos los actores que trabajan en la Administración de Justicia. En ese sentido, entiende que es imprescindible la puesta en marcha de una Ley de Enjuiciamiento Criminal en la que los fiscales dirijan la investigación. Para ello y como reforma simultánea, el ministro aboga por un nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal que incida en la profesionalización y especialización, reforzando también su autonomía.
Igualmente, sería necesario revisar el proceso civil en el ámbito de las ejecuciones y la simplificación de trámites especialmente en las comunicaciones y notificaciones, aprovechando las ventajas que han demostrado las nuevas tecnologías.
En cuanto a los recursos, Catalá ha recalcado los esfuerzos ya realizados por el Ejecutivo que se traducen en el incremento del 7,7% del presupuesto de su departamento. Además, ha recordado que se han creado 16 plazas de magistrados para la segunda instancia penal y se han acordado un total de 1.140 medidas de refuerzo judicial desde 2012. En esa línea, se contempla la convocatoria de 100 nuevas plazas de jueces y fiscales y 3.000 para los Cuerpos de la Administración de Justicia, además de un incremento del 86% en la mejora de infraestructuras y modernización tecnológica.
El titular de Justicia ha hecho hincapié en un mejor reparto de esos recursos, atendiendo a una distribución más equilibrada de cargas de trabajo, implantando definitivamente la Oficina Judicial y la Fiscal, impulsando un Registro Civil desjudicializado, público, gratuito y digitalizado y apostando por la especialización como se ha hecho en materia de cláusulas suelo.
Hacer una Justicia más ágil también pasa por desjudicializar determinados conflictos que pueden resolverse mediante la mediación, el arbitraje y la jurisdicción voluntaria, ha dicho el ministro, y por completar el proceso de transformación digital que ya ha dado resultados tan notables como las más de 100 millones de comunicaciones electrónicas que se han realizado hasta la fecha.
Para Catalá, esta Estrategia Nacional de Justicia también debe ir orientada a mejorar la percepción social de la independencia de sus actores y en esa dirección camina la revisión del sistema de elección de los vocales del CGPJ, la supresión del privilegio de los parlamentos autonómicos de proponer magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia y la regulación del tránsito profesional entre la judicatura y la política.
El ministro considera de gran importancia alcanzar un fortalecimiento de la confianza social basada en la regeneración democrática y la transparencia. Como medidas concretas para lograrlo ha apuntado a la limitación de aforamientos y el desarrollo de una Justicia abierta, más accesible y que proporcione mayor información al ciudadano.
El problema de la corrupción no debe ser ajeno a estos objetivos, ha señalado Catalá, quien ha recordado que en 40 años de democracia no se habían realizado tantas iniciativas para perseguir y erradicar esta lacra. No obstante, a juicio del ministro aún se deben tomar medidas en aspectos como la regulación de los lobbies o la mejora de la protección del denunciante de corrupción.
Rafael Catalá ha tenido muy presentes en su intervención a los últimos destinatarios del sistema de Justicia, la sociedad y las personas. Para ello, ha apuntado la necesidad de reformas para proteger a colectivos vulnerables, como víctimas de delitos, de violencia de género, personas con discapacidad y menores, así como las víctimas de la inmigración ilegal y la trata de seres humanos.
Reunión con Vivas
El titular de Justicia se ha reunido durante su viaje a la Ciudad Autónoma de Ceuta con su presidente, Juan Jesús Vivas, con quien ha visitado las obras del edificio de los nuevos juzgados de Ceuta, en las que el Ministerio va a invertir 1,6 millones de euros para solucionar los problemas de dispersión de las cinco sedes judiciales actuales y los gastos de arrendamiento, prestando así un mejor servicio a los ceutíes.
Rafael Catalá ha mantenido asimismo un encuentro con los operadores jurídicos de la ciudad autónoma, en el que han tenido la oportunidad de plantear sus demandas y a los que el ministro ha recordado el papel fundamental que tienen en la reforma de la Justicia.
El ministro se ha reunido también con una representación de empresarios y comerciantes de Ceuta que le han hecho llegar sus inquietudes respecto a la situación en la frontera. Catalá se ha comprometido a trasladar sus demandas al conjunto del Gobierno con el fin de atender las necesidades existentes.
Antes de finalizar esta primera visita como ministro de Justicia a Ceuta, ha impuesto la Cruz Distinguida de 1ª Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort a Francisco Olivencia. Asimismo, ha entregado el galardón al mejor artículo de la I Edición del Premio Manuel Olivencia organizado por el Colegio de Abogados de Ceuta, a la investigadora María Victoria Álvarez por su investigación acerca de la prueba del ADN en el proceso penal.
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