• El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha mantenido esta tarde una reunión con el consejero de Justicia de Cataluña, Carles Mundó, con quien ha firmado el convenio de colaboración para la distribución del crédito destinado a la reforma de la Administración de Justicia. Asimismo, han suscrito un convenio de colaboración para la realización de las pruebas de acceso a la profesión de abogado y procurador en catalán.

El Ministerio de Justicia formaliza así el compromiso financiero del acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 3 de junio en el que se aprobó la distribución de un crédito de seis millones de euros entre las comunidades autónomas con competencias transferidas para el Programa de Reforma de la Administración de Justicia. Según este acuerdo, a la comunidad autónoma de Cataluña le corresponden 1.112.909 euros. 

En virtud del convenio firmado hoy, la Generalitat de Cataluña se compromete a destinar durante el ejercicio 2016 la cuantía recibida, entre otros proyectos, al impulso de las nuevas tecnologías que permitan avanzar hacia una Justicia digital, abierta e innovadora. Así, entre los objetivos prioritarios de esta dotación económica se encuentran la digitalización de los procesos de tramitación y gestión procesal y su compatibilidad, de manera que se alcance la plena interoperabilidad; avanzar en la implementación de la Oficina Judicial y Fiscal; la mejora de los tiempos de resolución de los asuntos ingresados y el incremento de la seguridad jurídica necesaria para alcanzar mejoras en un servicio público de calidad.

Así, el Ejecutivo catalán se compromete a informar al Ministerio de Justicia antes del 31 de marzo de 2017 del cumplimiento de los compromisos financieros asumidos.

Este es el segundo año consecutivo en el que la Administración del Estado pone a disposición de las comunidades autónomas con las competencias de Justicia transferidas una dotación de seis millones de euros destinados al Programa de Reforma de la Administración de Justicia. 

La concesión de este crédito, incluido en los presupuestos del Ministerio de Justicia para 2016, responde al compromiso adquirido por el mismo con la implantación efectiva de la Justicia digital en nuestro país, así como con la mejora en la eficiencia de la Administración de Justicia y su competitividad, tanto en los tiempos de resolución de asuntos como en la calidad de su funcionamiento. 

Asimismo, el ministro y el consejero de Justicia han suscrito hoy un convenio de colaboración entre el Estado y la comunidad autónoma de Cataluña para la realización de las pruebas de acceso a la profesión de abogado y procurador en catalán. Un acuerdo que firmaron la pasada semana Galicia y la Comunitat Valenciana y en los próximos días lo hará el País Vasco.

El objeto de este convenio es permitir que los exámenes de acceso a ambas profesiones puedan realizarse indistintamente en castellano y en catalán, en función de la libre decisión del aspirante.

Para ello, la Consejería de Justicia de Cataluña se compromete a:

• Garantizar que los servicios de traducción dependientes de dicha administración se desplacen a la sede del Ministerio de Justicia para realizar la traducción de la prueba en catalán, guardando la debida confidencialidad del contenido de dicha prueba.  

• Asumir el coste económico relacionado con la traducción al catalán, incluido el que se derive del desplazamiento del personal a la sede del Ministerio por el tiempo que sea necesario para proceder a la realización de la traducción del ejercicio en la lengua cooficial.