Reclaman la derogación del artículo 324 de la Lecrim porque está complicando de forma notable la justicia penal, asi como la suspensión de Lexnet por no estar funcionando convenientemente

En un documento que nuestra publicación ha tenido acceso, y que han recibido todos los partidos políticos, La Comisión Ejecutiva de APIF, Asociación Profesional e Independientes de Fiscales ha reclamado mayor profesionalidad e independencia al FGE. “La falta de transparencia en la Fiscalía es absoluta, tanto en las decisiones que afectan a los fiscales (por ejemplo, lo que ocurre en el Consejo Fiscal, o las razones por las cuales se producen los nombramientos), como sobre todo en las relaciones entre el Fiscal General y el Gobierno. Es sorprendente que no haya una normativa clara sobre lo que el Gobierno puede pedir al Fiscal, que no haya obligación de documentar esas relaciones o que por ejemplo, la agenda del Fiscal General no tenga la más mínima publicidad” se indica en el apartado seis de ese documento. APIF quiere que el Ministerio Fiscal funcione y que dote de una estructura lógica interna la propia carrera fiscal. También se indica que las instrucciones penales más reducidas lo único que hará será complicar aún más la justicia penal en nuestro país por no haber medios suficientes para implementarlas. Los fiscales quieren que el tan ansiado Pacto de Estado por la Justicia recoja sus justas reivindicaciones y dote a los fiscales de los medios que necesitan para hacer su trabajo. Reclaman derogar el citado artículo 324 de la Lecrim y que acorta las instrucciones el propio Lexnet que no ayuda a mejorar la informatización de nuestra justicia.

Falta de normativa adecuada

Los fiscales advierten que la llegada de Consuelo Madrigal a la FGE no ha cambiado demasiado su estatus profesional. A este respecto, desde APIF, asociación minoritaria en la carrera fiscal, señalan el incumplimiento por los poderes políticos del artículo 124 de la CE. Se quejan de la amplia actuación que tiene el Ministerio Fiscal y también de la escasez de medios. También advierten que la figura del FGE no está bien regulada y eso repercute en las diferentes fiscalías y en la propia situación de los fiscales. También advierten que no queda clara la independencia del FGE respecto al Gobierno, lo que ha generado cierto descrédito en casos mediáticos de la figura del fiscal por la acusación popular que hace el trabajo que los Fiscales indebidamente omiten.

Desde APIF se constata que el artículo 324 de la Lecrim no ha hecho más, con esos plazos tasados de instrucción de difícil cumplimiento, complicar aún más la justicia penal. Se pretende instrucciones ágiles a coste cero, sin medios, y a costa de instrucciones deficientes. Al mismo tiempo la falta de una reglamentación interna de la carrera fiscal hace que no esté bien articulado las quejas y recursos de los propios fiscales.” Hoy en día existe una falta total de concreción de los derechos que nos asisten en nuestra labor diaria”, se indica en el citado documento. Desde esta asociación se insiste en que no ha existido, en estos 38 años de democracia una voluntad real, ni política ni institucional, de dotar a los fiscales de base de una normativa adecuada a la importancia de nuestra función y a nuestro papel constitucional.  Falta transparencia en la Fiscalia tanto a nivel de las relaciones del Gobierno con el FGE como en relación de las decisiones del Consejo fiscal.

A nivel de día a dia, el documento de APIF describe que los Fiscales no tienen un puesto de trabajo definido ni una regulación de los repartos de trabajo que refuerce su independencia y su funcionamiento eficaz. De hecho, según se nos comenta no existe aún un estudio de la carga de trabajo de cada Fiscal y de cada Fiscalía. “Lo que tenemos a día de hoy es un irregular reparto de efectivos a lo largo del territorio nacional, con una más que mejorable distribución de funciones entre las distintas Fiscalías que equipare la carga de trabajo de todos y cada uno de sus integrantes”, afirman.

Falta alarmante de medios

La falta de medios en la carrera fiscal es alarmante. Tampoco existe un plan de prevención de riesgos laborales apropiado a su función que contemple el estrés como principal fuente de riesgos y que ponga remedio a las múltiples disfunciones que se dan en el trabajo diario con sedes y despachos que no reúnen las condiciones básicas para el ejercicio digno de nuestra función.  Los sistemas informáticos son obsoletos y no ayudan a la eficacia en las fiscalías. Y en el caso de Lexnet se indica que lo único que ha hecho es empeorar la situación “. No se puede modernizar la justicia con programas y sistemas propios de hace 20 o 30 años implantando presuntas mejoras a coste CERO. “

Desde esta perspectiva, las propuestas de APIF a los poderes políticos son las siguientes:

1.- Que de una vez por todas exista un verdadero Pacto por la Justicia que la convierta en un instrumento eficaz en relación con los transcendentes intereses en juego, como son los derechos de los ciudadanos.

2.- Que se acometan las reformas legales que cuentan con un amplio consenso científico y social, en favor de la independencia y la eficacia de la Justicia española.

3. -  Que se regule la figura del Fiscal General del Estado reforzando la independencia y neutralidad política del Ministerio Fiscal.

4. - Que se derogue inmediatamente el actual art. 324 LECr al ser un instrumento propio de un sistema procesal inexistente, incompatible con la configuración actual de la instrucción en España y con los medios que se han puesto a disposición de la Justicia española. Y se adapte el proceso penal plenamente al Principio Acusatorio de modo homologable a la generalidad de los países occidentales con un Fiscal instructor, y un Juez de Garantías.

5. - Que de una vez por todas se dote al Ministerio Fiscal de un reglamento propio de un estado democrático.

6. - Que se establezca de una vez un Código ético en la Fiscalía, para la jerarquía y para los fiscales, y que se introduzca la transparencia necesaria en el seno del Ministerio Fiscal y en sus relaciones con el Gobierno y demás instituciones.

7. - Que la definición del puesto de trabajo de cada Fiscal y en consecuencia los repartos de trabajo en el seno de las Fiscalías se doten de seguridad jurídica y se vean presididos por los principios de mérito y capacidad como garantía de salvaguarda de los derechos de los Fiscales y de eficacia de nuestra función.

8. - Que se dote a la Carrera Fiscal de un plan de prevención de riesgos laborales adecuado a su función y de mecanismos ágiles para la denuncia y detección de las disfunciones que se produzcan.

9. - Que se dote de medios al Ministerio Fiscal.  Estableciendo plantillas adecuadas y suficientes con una distribución eficaz de sus efectivos de acuerdo con la carga de trabajo real, y la eficiencia organizativa. Facilitando medios materiales modernos y adecuados a la importancia de este servicio público esencial en un Estado de Derecho.

10. - Que se suspenda la implantación de Lexnet en tanto en cuanto no sea un instrumento eficaz para el funcionamiento de la Justicia, lo que pasa inexorablemente por la modernización de sistemas y equipos. Y en tal sentido se dote al Ministero Fiscal de adecuados instrumentos informáticos, que faciliten el cumplimiento de su misión en vez de sobrecargar y dificultar a los Fiscales con tareas que no le son propias.