• El pasado año se incoaron 203.434 nuevas diligencias urgentes, un 67 % más que el año anterior, cifra que constituye un dato altamente esperanzador, puesto que esta vía procedimental ofrece al ciudadano una respuesta inmediata al litigio.

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha destacado este lunes que a lo largo de 2019 las diferentes fiscalías españolas incoaron un total de 1.571.860 procedimientos de diligencias previas, lo que constituye una cifra casi idéntica a la del año pasado, confirmándose así la tendencia a la estabilidad de este indicador.

Así lo ha señalado durante la lectura de su discurso formal cono ocasión de la Apertura del Año Judicial, presidida por Felipe VI este lunes en el Tribunal Supremo. Por lo que se refiere a las diligencias urgentes, los denominados “juicios rápidos”, en el año 2019 se incoaron 203.434 nuevas diligencias, un 67 % más que el año anterior, cifra que consolida la tendencia al alza a lo largo de los últimos ejercicios y que según Delgado  “constituye un dato altamente esperanzador, dado que esta vía procedimental ofrece al ciudadano una respuesta inmediata al litigio”.

El anuncio lo ha realizado durante su discurso oficial ante el Rey y la cúpula judicial con motivo de la Apertura del Año Judicial, ocasión en la que se presentan los datos de la Memoria anual de la Fiscalía General de Estado.

 Al comienzo del acto, Delgado ha recordado en su discurso  a las víctimas del coronavirus, así como a los que han conseguido recuperarse de la enfermedad, y ha recordado el trabajo del ministerio público durante la pandemia. “Toda la ciudadanía española ha dado una lección impagable de responsabilidad y entrega”.

TERRORISMO, CORRUPCIÓN Y VIOLENCIA DE GÉNERO

En relación a la sentencia del Juicio del Procés, ha señalado que “culmina así un proceso penal de especial trascendencia en el que los diferentes operadores jurídicos implicados han dado ejemplo de normalidad institucional y compromiso con el deber y la legalidad”.

“En la Fiscalía de la Audiencia Nacional las investigaciones por terrorismo representan en 2019 un 40,37 %, un porcentaje ligeramente superior al de 2018″. Ha respondido al incremento de las investigaciones y la respuesta punitiva frente al conocido como terrorismo yihadista. “La respuesta penal a este grave fenómeno criminal exige de una exigente formación especializada y del esfuerzo constante de los profesionales que integran la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada”.

En relación a la Unidad de Violencia de Género, Dolores Delgado ha destacado este año un repunte en la cifra de mujeres fallecidas a manos de sus parejas o exparejas y un incremento de los asesinatos de menores. “En 2019 se observó un incremento de un 12% de las calificaciones por delitos contra la libertad sexual en las que las víctimas eran personas menores de edad”.

En relación a la sentencia del Tribunal Supremo en el caso de La Manada “es de suma trascendencia porque, acogiendo la tesis de la Fiscalía, revaloriza el testimonio de la víctima” y ha calificado los hechos como violación.

La fiscal general ha reafirmado su compromiso con la protección de las víctimas y ha recordado que el año pasado se celebró una reunión con el Consejo Asesor de Asistencia a las Víctimas para elaborar un protocolo de buenas prácticas para la asistencia a víctimas de delitos de odio. “Sigue aumentado el número de víctimas de trata detectadas, aunque disminuyen las víctimas menores de edad. En total se han localizado a 830 víctimas, un 3% más que el año anterior, de las que el 98,27% son mujeres explotadas sexualmente”.

Por otro lado, Delgado ha hecho hincapié en la necesaria modernización y apertura hacia la sociedad de la Fiscalía. “Afrontamos el futuro desde el compromiso con el servicio público y la más firme voluntad de modernización. La Fiscalía debe continuar impulsando el proceso ya iniciado de apertura hacia la sociedad, de permeabilidad ante las necesidades de la ciudadanía”.

Por último, ha anunciado este lunes que en los próximos días dictará una instrucción que aborde el tratamiento por parte de los fiscales del tema de las “ocupaciones de morada“, al que se ha referido como “fenómeno delictivo”.

DESAFÍO Y OPORTUNIDAD

Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha asegurado hoy que la pandemia de coronavirus ha puesto de manifiesto “la necesidad de una mayor claridad normativa” respecto de la adopción por las Administraciones de medidas restrictivas de la libertad personal al amparo de la legislación sanitaria de excepción, que exige ulterior control judicial aun bajo el estado de alarma.

Durante el discurso pronunciado  Lesmes también ha considerado precisa “una mejor delimitación” de la necesaria ratificación judicial de esas medidas cuando son tomadas en razón de la legalidad ordinaria. “Si tal claridad normativa siempre es deseable, hemos de reclamarla con mayor intensidad cuando se trata de medidas que afectan directamente al ejercicio de nuestros derechos más básicos”, ha añadido el presidente del Poder Judicial, que ha recordado que “las competencias extraordinarias asumidas durante la vigencia de los estados excepcionales por los poderes públicos, con ser extraordinarias, en modo alguno escapan al control inherente a todo Estado de Derecho”.

La pandemia, ha añadido el presidente del Poder Judicial, ha supuesto un “desafío inmenso” para los órganos judiciales -que han tenido que atender los nuevos asuntos derivados de la emergencia sanitaria manteniendo a la vez la tramitación y resolución de los procedimientos que la ley establece como urgentes- y “ha mostrado con crudeza las debilidades de nuestro sistema judicial y procesal”, pero también es “una oportunidad para avanzar”. “Es indispensable que la Administración de Justicia se convierta en una Administración lo suficientemente tecnificada y bien organizada para que, llegado el caso, pueda seguir prestando sus servicios de forma eficiente pese a dificultades como las que ahora vivimos”, ha dicho Lesmes, que ha señalado que “quizás sea hora ya, definitivamente, y con el objetivo de contribuir también desde la justicia a la recuperación del grave golpe social, económico y moral sufrido, de alentar un verdadero giro estratégico a nivel legislativo sobre la forma de concebir la estructura del proceso judicial, en la que la tecnología y la digitalización no meramente ayuden o faciliten las tareas procesales, sino que las vertebren en su integridad”.

Lesmes ha recordado, en este sentido, que en 2019 se produjo por tercer año consecutivo un incremento de la tasa de litigiosidad, que creció en un 4,1 %, y que pese al sobreesfuerzo de los integrantes de la Carrera Judicial -la media de sentencias dictadas por jueces y magistrados se incrementó en un 4,5 %- “no estamos en la situación de partida ideal para afrontar con plenas garantías el impacto, previsiblemente grave, de la dura situación vivida, que ha tenido paralizada
durante meses la actividad judicial ordinaria”.

Por ello ha advertido de que será necesaria la adopción de medidas no solo coyunturales y urgentes, sino también la aprobación de reformas procesales que agilicen la tramitación de los procedimientos y que permitan dar respuesta rápida y con garantías a los ciudadanos y empresas, propiciando
una mayor flexibilidad en las actuaciones, buscando una tramitación más expeditiva e incrementando el uso de medios tecnológicos. Así, ha considerado urgente una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que simplifique la configuración del recurso de casación, centrándolo en el interés casacional de la interpretación de las normas, en la línea de la modificación ya operada en la casación contencioso-administrativa.

Por último, el presidente del Poder Judicial ha recordado que “sigue estando pendiente la gran reforma organizativa de la Justicia española, continuamente postergada y sin la cual no podremos superar las ineficiencias que siguen lastrando la posibilidad de ofrecer a los ciudadanos un servicio público que cumpla con los parámetros de calidad y eficacia propios del siglo XXI”.

SÓLIDA RESPUESTA DEL PODER JUDICIAL

Carlos Lesmes ha concluido su intervención señalando que la experiencia vivida ha puesto de manifiesto que, “de nuevo y a pesar de las circunstancias, ha sido sólida la respuesta dada por el Poder Judicial de
España”. “Las dificultades han sido muchas, las carencias enormes y los nuevos retos monumentales, pero la profesionalidad y compromiso de nuestros jueces y magistrados sigue siendo una garantía para hacerles frente. Su actuación nos demuestra que no hay, ni habrá, situación de excepcionalidad que quede al margen de la legalidad”, ha dicho.

RENOVACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Lesmes también se ha referido durante su discurso a la situación del órgano de gobierno de jueces y magistrados, recordando que sigue sin producirse su renovación “pese a que la venimos reclamando insistentemente” y que ello “representa una seria anomalía”.“Es la propia Constitución la que fija en cinco años la duración del mandato de cada Consejo, por lo que me veo en la obligación de exhortar nuevamente a los poderes públicos concernidos a renovar la institución sin mayores dilaciones”, ha agregado. Ha advertido, no obstante, de que “conviene recordar también que el órgano de gobierno de los jueces tiene asignadas por esa misma Constitución unas muy relevantes funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario, funciones que son permanentes y de debido cumplimiento, de manera que deben seguir desarrollándose con normalidad, porque lo contrario sería incumplir la propia norma fundamental, con grave quebranto para la justicia española, a la que dañaría una paralización institucional mantenida en el tiempo en un momento en el que debe afrontar unos retos enormes”.

Entre los presentes, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; la cúpula judicial encabezada por el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Supremo, Carlos Lesmes; la práctica totalidad de miembros del alto tribunal y altos representantes de la Fiscalía, vocales del CGPJ y también integrantes del Legislativo como la presidenta del Congreso de los Diputados Meritxell Batet y varios miembros de la Cámara. También asistieron presidentas del Congreso y del Senado, Meritxell Batet y Pilar Llop; de la vicepresidenta primera del
Gobierno, Carmen Calvo; del jefe de la oposición, Pablo Casado; presidentas del Consejo de Estado y del Tribunal de Cuentas, María Teresa Fernández de la Vega y María José de la Fuente; y del Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán y la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Orteta, entre otras autoridades.