Carpeta de justicia

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La tasa de litigiosidad descendió un 12,75% en 2020 respecto a 2019 debido a la pandemia, según ha destacado Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), citando datos de la Memoria del CGPJ presentada hoy en la apertura del año judicial. El acto, celebrado en el Tribunal Supremo, ha contado con la presencia del Rey Felipe VI; la fiscal general del Estado, Dolores Delgado; la ministra de Justicia, Pilar Llop; y la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, entre otras autoridades.

Los Tribunales españoles ingresaron el año pasado un total de 5.526.754 asuntos. “Gracias al esfuerzo de nuestros jueces y magistrados el volumen de asuntos resueltos fue muy elevado,  alcanzando los 5.244.742 asuntos”, ha destacado Lesmes. Sin embargo, ha vuelto a aumentar, en un 11,3%, el número total de asuntos en trámite al final del año, que se situó en más de tres millones. Asimismo, también aumentó la tasa de pendencia global, que ha crecido casi un 30% entre 2019 y 2020. De la tasa de litigiosidad de la Memoria también se desprende la que la cifra de 116 asuntos ingresados por cada mil habitantes sigue siendo una de las más altas de la Unión Europea.

“Estos datos son una buena muestra de la necesidad de plenitud funcional, tanto de órganos jurisdiccionales como del propio Consejo General del Poder Judicial”, ha destacado el presidente del CGPJ y del TS, que ha dedicado gran parte de su intervención a denunciar la “insostenible” situación actual del  CGPJ, que debía haberse renovado hace casi tres años. Lesmes, que se ha mostrado también crítico con los indultos concedidos por el Gobierno a los condenados en el juicio del ‘procès’ , ha instado a las fuerza políticas a que dejen este asunto fuera de la “lucha partidista” y lleguen a un acuerdo en “las próximas semanas”.

MEMORIA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

Por su parte la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha destacado el descenso de actividad de los órganos territoriales del Ministerio Fiscal en el área penal, como consecuencia de la “repercusión” que la suspensión de los plazos procesales tuvo en todas las actuaciones “durante casi un trimestre”.

Según los datos registrados en la Memoria de la Fiscalía, en 2020 se incoaron 1,8 millones de procedimientos. Además, se registraron 1,3 millones de diligencias previas, cifra que supone un descenso del 12,7% respecto a 2020. También descendieron los juicios rápidos, en este caso un 17,9%. Bajaron también las calificaciones fiscales (un 12%), los procedimientos abreviados (8,9%) y la incoación de sumarios (8%).

Respecto a los juicios, el Ministerio Público prestó asistencia a 260.715 juicios, frente a los 332.888 de 2019. Según las estadísticas, 140.207 fueron por delitos leves, 112.712 en los juzgados de lo penal y 7.796 en las audiencias provinciales, lo que representa un “fuerte descenso por el estado de alarma”. Se suspendieron un 46% de los juicios en los juzgados de lo penal y un 41% en las audiencias provinciales.

La Fiscalía del Tribunal Supremo también registró un descenso de casos en todas sus secciones a excepción de la Sección de lo Contencioso-Administrativo, que despachó un 11% más de asuntos que en 2019, es decir, un total de “451 asuntos, de los que 203 se refirieron a derechos fundamentales” (relacionados con el estado de alarma).

Respecto a violencia de género, se concedieron el 71% de las órdenes de protección solicitadas, mientras que el 74,6% fueron condenatorias.

Por último, la Memoria de la Fiscalía también propone llevar a cabo una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para reforzar la autonomía de la institución.




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