En uno de mis últimos artículos me he adentrado en el tema de la Justicia Abierta y he sostenido que se entiende por Justicia Abierta a la implementación de un conjunto de mecanismos y estrategias que componen un paradigma de gobernanza pública para la justicia, basado en los principios de: i) transparencia y acceso a la información, ii) rendición de cuentas, iii) participación y colaboración, y iv) innovación y uso de nuevas tecnologías. 

El tema de Justicia Abierta aparece en 2015 cuando las Naciones Unidas establecieron la denominada «Agenda de Desarrollo 2030.^[2] », que propone indicadores de desarrollo, metas y objetivos que los países deberían poder alcanzar en el periodo de tiempo comprendido entre 2105 y 2030.
A priori, podría parecer que esto no es novedoso, sin embargo, si que lo es y en buen grado, pues en la Agenda 2030 en la que se incluyen 17 novedosos objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en materia institucional, entre ellos, Justicia.

De todos los principios que se desprenden de la definición de Justicia Abierta, dos son los que particularmente despiertan mi interés (aunque trataré estos en próximos artículos), ellos son:

• El (iii) principio de participación y colaboración, en tanto y en cuanto su aplicación, es decir, la participación y colaboración en la justicia brinda a los ciudadanos la posibilidad de dejar de ser simples receptores de políticas y servicios, para pasar a participar activamente y de forma directa en su elaboración.
• El (iv) la innovación y uso de nuevas tecnologías, porque su aplicación nos habilita a pensar en nuevas fórmulas dentro del derecho tanto de fondo y como en el de forma, es decir, nos brinda la posibilidad de crear derecho y a la vez de introducir a la tecnología en lo que hace al cumplimiento del derecho.

El ODS 16 es el que trata sobre «Paz, Justicia e Instituciones Sólidas», contempla una docena de metas de transformación y fortalecimiento institucional, propone «Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas», las metas se encuentran desarrolladas a través de 23 indicadores.

Entre las metas ODS a destacar encontramos: 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos; 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas; 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades (en particular el Indicador 16.7.2 Proporción de la población que considera que la adopción de decisiones es inclusiva y responde a sus necesidades, desglosada por sexo, edad, discapacidad y grupo de población); y, 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.

La Agenda 2030 es una agenda civilizatoria, que pone la dignidad y la igualdad de las personas en el centro. Al ser ambiciosa y visionaria, requiere de la participación de todos los sectores de la sociedad y del Estado para su implementación.
Oportunamente se ha invitado a los representantes de los Gobiernos, la sociedad civil, el ámbito académico y el sector privado a apropiarse de esta ambiciosa agenda, a debatirla y a utilizarla como una herramienta para la creación de sociedades inclusivas y justas, al servicio de las personas de hoy y de futuras generaciones.

Salta a la vista que los Estados deberán trazar diversas estrategias y trabajar, al menos y en lo que particularmente es de mi interés, sobre tres ejes distintos: i) el acceso a Justicia, ii) los derechos humanos, y iii) los derechos reconocidos por ley (civil, mercantil, labora, penal, etc.) para cumplir con la Agenda 2030.

Bibliografía y notas: 

Naciones Unidas. 2018, La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe (LC/G.2681-P/Rev.3), Santiago.

^[1] Ph.D., director de Acuerdo Justo. Profesor de derecho penal y justicia restaurativa en el CUBC y profesor en técnicas de expresión, argumentación y negociación en la UOC. Autor del Programa Quinquenal de Prácticas Restaurativas en el ámbito penal para la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos (DNMyMPRC) del Ministerio de justicia de Argentina, más información en:  http://www.hechojuridicorestaurable.com

^[2] CEPAL. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible. (Consultado el 5 de Abril de 2019).